Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Un decreto de necesidad y urgencia blinda la venta de la empresa de agua y saneamiento, modificando el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capitales privados. ¿Se viene la era del agua privada con tarifas dolarizadas?
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 493/2025, ha dado un paso gigante y polémico hacia la privatización de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA), declarada "sujeta a privatización" por la Ley N° 27.742. La medida, publicada en el Boletín Oficial, no solo sustituye y deroga decenas de artículos del Marco Regulatorio de la Ley N° 26.221, sino que también modifica el artículo clave del Decreto N° 304/06 que establecía la intransferibilidad de las acciones estatales.
Ahora, el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria del 90%, dejando la puerta abierta de par en par al capital privado. El 10% restante seguirá en manos de los extrabajadores adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Este drástico cambio se fundamenta en la supuesta "profunda crisis económica" y el "creciente deterioro operativo y financiero" de AySA, que habría recibido transferencias del Tesoro Nacional por USD 13.400 millones entre 2006 y 2023, sin lograr eficiencia. El Gobierno busca un nuevo modelo de gestión, eficiencia e inversión, argumentando que el régimen actual "dificulta su adecuación hacia los nuevos objetivos".
La modificación del marco regulatorio es una "condición esencial" para la entrada de privados. Esto implica una redefinición de los deberes y atribuciones de la Concesionaria, otorgándole mayores facultades para:
Se crea un "Plan Director de Mejora Estratégica" no vinculante, que servirá de guía para las obras de infraestructura, con revisiones cada cinco años. Además, se permite la resolución de controversias entre Concedente y Concesionaria mediante arbitraje, una herramienta que suele favorecer a las empresas.
La medida afecta directamente a millones de usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 23 partidos de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Tigre, entre otros.
La urgencia del decreto, dictado bajo el paraguas de la emergencia pública, saltea los trámites ordinarios del Congreso, lo que sin duda generará un fuerte debate político. La promesa es "asegurar la continuidad en la prestación del servicio de agua potable en condiciones óptimas", pero la sombra de los tarifazos y la reducción de subsidios planea sobre el futuro de los servicios esenciales.
