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Dos agentes civiles de la Armada Argentina, María Gabriela Musotto y Sonia Alejandra Vilte, vieron cómo sus recursos contra la polémica reestructuración de categorías fueron rechazados por el Gobierno, agotando la vía administrativa.
El Ministerio de Defensa, con la venia del Presidente de la Nación, ha cerrado la puerta a las esperanzas de dos empleadas civiles de la Armada Argentina que buscaban modificar su reencasillamiento escalafonario. María Gabriela Musotto y Sonia Alejandra Vilte, ambas con décadas de servicio, han agotado la vía administrativa en su lucha por una mejor clasificación, dejando al descubierto la rigidez del sistema público.
María Gabriela Musotto (D.N.I. Nº 23.489.706), con más de 21 años de antigüedad, alegó un reencasillamiento erróneo en el Agrupamiento Administrativo, Nivel IV, Grado 7, a pesar de su título de Bachiller Contable y su anterior categoría de Supervisor. El Decreto 587/2025 rechaza su recurso jerárquico, ratificando la decisión original basada en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Decreto N° 2539/15).
En un caso similar, Sonia Alejandra Vilte (D.N.I. Nº 21.665.661), con una impresionante antigüedad de casi 30 años, también vio desestimado su recurso jerárquico mediante el Decreto 586/2025. Vilte, con título de Profesor y Técnico Superior en Tecnología de Electrónica, fue reencasillada en el Agrupamiento Técnico, Nivel IV, Grado 10. Sus argumentos sobre funciones y antigüedad fueron evaluados bajo la misma normativa, confirmando su clasificación inicial.
Estos decretos son un golpe para los empleados públicos que buscan mejorar sus condiciones laborales a través de revisiones de categoría. La intervención de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO en ambos casos subraya la centralización de las decisiones en materia de personal. Para los ciudadanos, estos fallos reflejan la complejidad y la burocracia inherente a la administración pública, donde las decisiones sobre el personal son férreas y se apegan estrictamente a la letra chica de los convenios. Ambas empleadas ahora solo tienen la vía judicial si desean continuar su reclamo, un camino largo y costoso. Estar informado sobre los convenios colectivos es clave para los trabajadores estatales.
