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En un giro inesperado, la Policía Federal Argentina recibe una donación clave de la Secretaría General de la Presidencia: bienes de rezago aduanero que serán cruciales para el mantenimiento de sus vehículos. ¿Optimización de recursos o simple burocracia con tintes de ahorro estatal?
Una medida que promete dar un respiro a las arcas del Estado y, a la vez, fortalecer la capacidad operativa de una de nuestras fuerzas de seguridad. La Disposición 64/2025 de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación acaba de oficializar una transferencia crucial: los bienes de rezago aduanero que acumulaba la Aduana de La Rioja, fruto de incautaciones o abandonos, ahora tienen un nuevo destino.
La beneficiaria de esta llamativa cesión sin cargo es nada menos que la División Automotores Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina. ¿El objetivo? Destinar estos bienes al mantenimiento de los móviles que componen la flota institucional. En otras palabras, lo que antes era chatarra o material en desuso para la Aduana, ahora se convertirá en repuestos o componentes vitales para que los patrulleros sigan rodando por nuestras calles.
Esta movida se ampara en el artículo 5º de la Ley Nº 25.603, una normativa que permite al servicio aduanero poner a disposición de la Secretaría General de la Presidencia mercaderías aptas para el cumplimiento de actividades de organismos estatales. Es una estrategia de optimización de recursos que, en teoría, busca evitar la compra de nuevos materiales, generando un ahorro significativo para el erario público.
Si bien a primera vista parece un mero trámite administrativo, las implicaciones son palpables. Por un lado, la Policía Federal podría ver mejorada su capacidad de respuesta y presencia en la calle gracias a una flota vehicular mejor mantenida. Por otro, se refuerza la idea de una gestión estatal más eficiente, reutilizando lo que de otra manera se perdería.
Sin embargo, la cesión viene con condiciones claras. La Policía Federal deberá informar la fecha estimada de retiro de las mercaderías en un plazo de DIEZ (10) días y, en un lapso de NOVENTA (90) días hábiles tras la publicación en el Boletín Oficial, deberá remitir la conformidad de inventario o, en su defecto, un acta de rechazo si los bienes no son aptos. Además, está terminantemente prohibida su comercialización por CINCO (5) años a partir de la recepción.
"Lo que antes era un dolor de cabeza en los depósitos aduaneros, ahora será combustible para la seguridad de todos los argentinos."
Este tipo de medidas, aunque rutinarias, nos muestran cómo el Estado intenta "hacer más con menos", buscando soluciones creativas para mantener sus servicios esenciales. Los ciudadanos comunes, aunque no directamente afectados, pueden beneficiarse de una fuerza policial con mejores herramientas para su labor.
