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El Ministerio de Justicia lanza un protocolo clave para administrar activos incautados, buscando mayor transparencia y eficiencia en la recuperación de fortunas ilícitas. ¿Se termina la joda para los delincuentes?
El Ministerio de Justicia, con el Decreto N° 575/25 como telón de fondo, acaba de aprobar el “PROTOCOLO OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS”. Esta medida es crucial: establece los procedimientos y requisitos para que los órganos judiciales nacionales y federales entreguen al Ministerio la documentación e información necesaria sobre los bienes incautados en causas penales o de extinción de dominio. Estamos hablando de propiedades, vehículos, dinero y otros activos provenientes del narcotráfico, la corrupción y otros delitos graves.
La implementación de este protocolo busca garantizar la trazabilidad y la incorporación efectiva de estos bienes al patrimonio público. En criollo, se busca que las fortunas obtenidas ilegalmente no queden 'durmiendo' en depósitos judiciales o se deterioren, sino que sean administradas de forma transparente y, eventualmente, reinvertidas en áreas estratégicas como la salud, la educación o la seguridad. Es un paso más en la lucha contra la impunidad y para recomponer el daño social causado por el delito.
La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia será la encargada de aplicar este protocolo hasta que se designe una Autoridad de Aplicación específica, un detalle no menor que podría generar demoras si no se resuelve rápidamente. La medida fomenta una mayor cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, un punto vital para que la política de recuperación de activos sea realmente efectiva. La clave ahora será ver si la gestión real de esos activos cumple con los principios de justicia, transparencia y eficiencia que la norma pregona. Es una señal fuerte de que el Estado busca que el crimen no pague, y que lo robado a la sociedad, vuelva a la sociedad.
