Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno actualiza el cálculo de costos y compensaciones tarifarias para el transporte automotor en el AMBA, inyectando fondos multimillonarios para sostener el sistema y enfrentar aumentos salariales e insumos. Un respiro para empresas, pero una incógnita para las arcas públicas.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía volvió a poner la lupa sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una resolución que ajusta los números detrás de cada viaje en colectivo. Se aprobaron los cálculos de Costos e Ingresos Medios y, lo más importante, los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre las empresas de transporte para los períodos de enero a junio de 2025.
La medida es una respuesta directa a la escalada de costos que enfrenta el sector. Incluye la actualización de variables cruciales como:
Además, se determinó el pago de un "Diferencial Abr-Dic" correspondiente a desfasajes de recaudación y costos de personal entre abril y diciembre de 2024. Este monto se abonará en seis cuotas mensuales y consecutivas a partir de enero de 2025. ¡Una verdadera maratón de pagos para las arcas públicas!.
Los montos de estas compensaciones serán afrontados por el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, demostrando la complejidad de la gestión de un sistema tan vital y costoso. Los recursos provienen de diversas fuentes, incluyendo el Fideicomiso del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y los impuestos sobre los combustibles líquidos.
Para el ciudadano común del AMBA, esta resolución significa que, por ahora, se mantiene un esquema de subsidios que busca contener el precio del boleto, evitando que los aumentos de costos se trasladen de forma total y abrupta a la tarifa final. Sin embargo, la constante necesidad de inyectar fondos públicos plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo y la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Hasta cuándo podrá el Estado sostener esta estructura de costos sin un impacto mayor en el bolsillo de todos los contribuyentes? Es una pregunta que resuena fuerte en el debate económico y social.
"Esta medida es un parche más en un sistema que necesita una revisión profunda. Si bien alivia a los usuarios en el corto plazo, el costo fiscal es enorme y la transparencia, un desafío constante."
