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El Gobierno desregula el expendio de combustibles, permitiendo el autoservicio en estaciones y tanques sobre la superficie. Promete precios más bajos, servicio 24/7 y mayor seguridad para los trabajadores, pero genera debate sobre el empleo.
Una decisión explosiva del Poder Ejecutivo sacude el mercado de combustibles en Argentina. El Decreto 46/2025 autoriza el autodespacho de nafta en todo el país, una medida que podría transformar radicalmente la experiencia de cargar combustible y la estructura laboral del sector. Además, se habilita el uso de tanques de almacenamiento sobre la superficie terrestre y se flexibilizan las dimensiones mínimas para las estaciones de servicio.
La prohibición de que personal ajeno a la estación maneje los surtidores, vigente desde 1983, queda sin efecto. Ahora, las estaciones podrán elegir implementar el autoservicio total o parcial. El Gobierno justifica la medida con el avance tecnológico y la necesidad de desregular para promover la eficiencia y la libre competencia.
Para los consumidores, esto podría significar precios más bajos en la modalidad de autoservicio y la posibilidad de encontrar estaciones abiertas las 24 horas, especialmente en zonas donde hoy restringen sus horarios. Para los empresarios del sector, representa una reducción de costos operativos y mayor flexibilidad para organizar sus servicios. Sin embargo, surge la incógnita sobre el futuro laboral de miles de playeros, aunque el decreto argumenta que la medida coadyuvará a mantener los puestos de trabajo en un entorno seguro, al reducir la exposición a situaciones de violencia nocturna.
La autorización de tanques sobre el terreno promete menores costos de instalación y mantenimiento, mayor flexibilidad operativa y una detección más rápida de fugas, lo que se traduce en mayor seguridad ambiental. Esta es una práctica común en países como Estados Unidos (desde 1964) y la Unión Europea (desde 1982), y ahora se suma Argentina a la lista. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la encargada de establecer los requisitos de seguridad y despacho en un plazo de 60 días.
Esta medida es un golpe de timón en la política energética, alineada con la visión de desregulación y libertad de mercado que impulsa la actual administración. Estén atentos, porque el paisaje de las estaciones de servicio está a punto de cambiar.
