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La Aduana de Tucumán destapa un escándalo de infracciones millonarias al Código Aduanero, con fallos condenatorios que afectan a decenas de particulares. Multas exorbitantes y decomiso de mercadería extranjera son el resultado de esta ofensiva contra el contrabando y la evasión.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP), a través de su División Aduana de Tucumán, ha desatado una verdadera purga en la provincia, publicando un edicto masivo con fallos condenatorios para decenas de individuos por infracciones a los Artículos 986 y 987 del Código Aduanero. La medida, que se hace pública "por ignorarse domicilio", es un claro mensaje de la firmeza del Estado ante el comercio ilegal.
La publicación detalla una lista extensa de ciudadanos, muchos de ellos con DNI extranjeros o números que sugieren una actividad comercial informal, que han sido encontrados culpables de introducir mercadería extranjera sin declarar o evadiendo los tributos correspondientes. Los fallos son contundentes: incluyen el pago de multas que, en algunos casos, superan los 9 millones de pesos, además de los tributos de importación adeudados y el comiso total de la mercadería secuestrada. Esta mercadería, según la normativa, será destinada según su naturaleza, lo que podría implicar su destrucción o subasta.
Entre los afectados se encuentran, por ejemplo:
Esta ofensiva aduanera tiene un doble filo. Por un lado, busca desincentivar el contrabando y la competencia desleal, protegiendo a los comercios que operan dentro de la legalidad y pagan sus impuestos. Por otro lado, genera un fuerte impacto económico en los particulares sancionados, quienes enfrentan sumas considerables que, para muchos, podrían ser imposibles de afrontar, llevando a situaciones de grave endeudamiento o quiebra personal.
El contexto es claro: el gobierno busca reforzar los controles en las fronteras y dentro del territorio nacional para aumentar la recaudación y combatir el mercado informal. La Aduana de Tucumán, una plaza estratégica por su cercanía con países limítrofes, se convierte en un epicentro de esta lucha.
"Contra el presente pronunciamiento podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y/o demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Tucumán, en forma optativa y excluyente, caso contrario el presente acto hará cosa juzgada", reza el edicto, ofreciendo una última chance a los involucrados para defenderse. Sin embargo, el camino legal es largo y costoso.
Para el ciudadano común, esto significa mayor vigilancia sobre el origen de los productos y una advertencia clara sobre los riesgos de adquirir o transportar mercadería sin la documentación aduanera en regla. La era de la laxitud parece haber llegado a su fin en las fronteras tucumanas.
