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El Ministerio de Seguridad Nacional refuerza la formación de sus agentes encubiertos creando un Consejo Académico de élite. ¿La misión? Perfeccionar la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos con capacitación de punta. El prestigioso juez Ricardo Basílico, al frente de esta cruzada.
El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la batuta de Patricia Bullrich, acaba de dar un golpe estratégico en la lucha contra el crimen organizado. A través de la Resolución 829/2025, se crea el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, una movida que busca profesionalizar al máximo una de las herramientas más sensibles y vitales en la inteligencia criminal: los agentes encubiertos.
La medida establece un organismo de alto nivel, dependiente de la ya existente Unidad Especial de Agentes Encubiertos, con la tarea fundamental de diseñar, supervisar y coordinar la formación de estos efectivos. Esto significa una estandarización y una mejora sustancial en los contenidos y metodologías de capacitación, asegurando que quienes operan en las sombras cuenten con las habilidades más avanzadas para desmantelar redes criminales.
La figura del agente encubierto, habilitada por la Ley N° 27.319, es crucial para infiltrar bandas de narcotráfico, trata de personas y otros delitos complejos. Al fortalecer su formación, el Gobierno busca dotar al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a las Fuerzas de Seguridad de herramientas más eficaces. Esto podría traducirse en:
La resolución subraya la importancia de que los agentes cuenten con una “formación de excelencia” para una “actuación procesal segura y eficaz”.
La designación del Profesor Dr. Ricardo Ángel Basílico (DNI N° 16.489.034), un juez y profesor de derecho penal y constitucional de reconocida trayectoria, como presidente del Consejo por un período de tres años, no es un dato menor. Su presencia garantiza una perspectiva judicial y académica de primer nivel, esencial para alinear la capacitación con las exigencias legales y los derechos humanos. El Consejo sesionará mensualmente y, en caso de empate, el voto de Basílico tendrá doble valor, dándole un peso decisivo en las decisiones.
El Consejo también estará integrado por altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y representantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, así como otros cinco miembros externos con especializaciones diversas, lo que promete un enfoque multidisciplinario.
Un detalle a destacar es que la resolución aclara que esta medida “no genera erogación presupuestaria alguna”, lo que implica que los miembros trabajarán ad-honorem, sin costo adicional para el erario público, más allá de sus remuneraciones habituales en sus cargos o fuerzas de origen.
Para el ciudadano común, esta medida significa un Estado más preparado para combatir la criminalidad organizada, con agentes mejor entrenados y un sistema judicial más robusto para llevar a los delincuentes ante la justicia. Es fundamental seguir de cerca la implementación de estas capacitaciones, que el Boletín Oficial seguirá informando.
