Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, implementa un nuevo y estricto procedimiento de rendición de cuentas para el Programa 'Alimentar Comunidad'. La medida busca garantizar la trazabilidad y eficiencia de los subsidios no reintegrables destinados a comedores y merenderos, en un claro mensaje contra la opacidad.
El Boletín Oficial nos trae una noticia que resonará en el corazón de las organizaciones sociales y en los bolsillos de los más necesitados. El Ministerio de Capital Humano, mediante la Resolución 650/2025 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, acaba de aprobar el Procedimiento de Rendición de Cuentas Específica de Inversiones (RCEI) para el controvertido Programa 'Alimentar Comunidad'.
La esencia de esta medida es la exigencia de una rendición de cuentas detallada y fehaciente para los fondos que se transfieren a través de tarjetas prepagas (físicas o virtuales) a comedores y merenderos. Hasta ahora, la modalidad de ejecución de este programa, que limita los rubros de compra y prohíbe extracciones en efectivo, carecía de un procedimiento específico que se adaptara a sus particularidades. Ahora, se busca compatibilizar esta operatoria con las exigencias de transparencia, trazabilidad y debida acreditación documental del gasto público.
Para los ciudadanos, esto significa una mayor garantía de que la ayuda alimentaria que el Estado destina a la población vulnerable llegará efectivamente a su destino y será utilizada de manera correcta. Para las organizaciones que administran estos fondos, implica una carga administrativa adicional y la necesidad de adaptarse a un sistema de acreditación documental, preferentemente digital, que cumpla con principios de legalidad, regularidad, economía, eficacia y eficiencia.
El contexto es clave: programas de asistencia social han sido históricamente blanco de críticas por falta de control y desvíos de fondos. Esta resolución es una respuesta directa a esa demanda de mayor fiscalización y busca cerrar cualquier puerta a la malversación. La Subsecretaría de Promoción Humana queda facultada para dictar normas complementarias, lo que sugiere un monitoreo constante y ajustes futuros. Es un claro paso del Gobierno para blindar la ayuda social y asegurar que cada peso invertido cumpla su propósito.
