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El Gobierno prorroga la emergencia sanitaria hasta 2026 y centraliza la Agencia Nacional de Discapacidad en Salud, denunciando graves irregularidades. Un DNU que sacude la estructura del Estado.
Un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 942/2025) sacude los cimientos del sector público. El Presidente prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, una medida que genera debate sobre la "normalización" del país.
Pero el plato fuerte es la intervención y posterior centralización de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS), que pasa a ser una Secretaría dentro del MINISTERIO DE SALUD. El informe de intervención es lapidario: denuncia un "ecosistema tecnológico fragmentado, sistemas inconexos, falta de interoperabilidad" que afecta la gestión del Certificado Único de Discapacidad y las pensiones. Además, se identificaron "irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad".
"Las irregularidades y debilidades detectadas... comprometen la regularidad, eficiencia y legalidad del funcionamiento de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y colocan en riesgo el acceso efectivo de las personas con discapacidad a las prestaciones médicas...", señala el DNU.
Esta reestructuración busca "unificar criterios de conducción y gestión, fortalecer los sistemas de control interno, integrar los sistemas de información, racionalizar y transparentar las contrataciones". Además, el Ministerio de Salud amplía sus competencias en la lucha contra el narcotráfico, coordinando con Seguridad en la fiscalización de precursores químicos y prevención de daños por consumo problemático.
¿Cómo afecta esto a la gente? Para las personas con discapacidad, la promesa es una mejora en la eficiencia y transparencia de las prestaciones, que hoy están en riesgo. Sin embargo, la disolución de un organismo autónomo y su reubicación genera incertidumbre y preocupación en el colectivo. La prórroga de la emergencia sanitaria, por su parte, mantiene un marco de excepción que habilita al Estado a tomar decisiones ágiles, pero también restringe controles y puede extenderse indefinidamente. Este DNU, firmado en "Acuerdo General de Ministros", es una clara señal de un Estado que busca redefinirse y centralizar el poder en áreas críticas, justificando la urgencia por las "graves irregularidades" y el riesgo "inminente" para los derechos de los más vulnerables.
