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Un decreto explosivo deroga el polémico régimen de derechos reprográficos que beneficiaba a CADRA. ¿El fin de una burocracia absurda o un golpe a los autores?
En un movimiento audaz que sacude los cimientos del mercado editorial y educativo, el Presidente Javier Milei ha firmado el Decreto 1036/2024, que deroga por completo el Decreto N° 736/23, conocido como el "Canon de Fotocopias". Esta medida fulminante elimina la exclusividad de la asociación civil CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos Asociación Civil) para recaudar y administrar las retribuciones por la reproducción de obras literarias.
El Gobierno justifica la derogación argumentando que el régimen anterior era "irrazonable, engorroso, de difícil aplicación" y que generaba "manifiestas inequidades injustificadas". Se criticaba que el método de cálculo del canon no tenía una base cierta y que no garantizaba que lo recaudado llegara efectivamente a los autores y editores. Además, la exclusividad otorgada a CADRA fue calificada como "contraria a la libre concurrencia" y a los principios de libertad económica que enarbola la actual administración.
Para los estudiantes y comercios de fotocopiado, esta es una noticia que puede significar un alivio económico. Se elimina una carga que encarecía el acceso a material educativo y ponía en riesgo la actividad de muchos pequeños negocios. Sin embargo, para autores y editores, la medida abre un interrogante: ¿cómo se protegerán ahora sus derechos de reproducción sin un sistema de recaudación centralizado? El Gobierno apuesta por la libre iniciativa privada y la negociación directa, pero el sector cultural queda en vilo ante este cambio radical. ¿Es el camino hacia una mayor libertad o hacia un desamparo de los creadores?
