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El Ministerio de Justicia redobla la apuesta en su plan de desregulación y suprime un nuevo paquete de oficinas, sumando un total impactante de 291 Registros Seccionales eliminados. La medida busca “racionalizar” el Estado, pero genera incertidumbre en el sector y entre los usuarios.
El Ministerio de Justicia acaba de lanzar una nueva estocada contra la estructura de los Registros del Automotor, suprimiendo CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) Registros Seccionales adicionales. Esta decisión se suma a los 136 cierres ya anunciados en julio y agosto de 2024, elevando la cifra total a 291 oficinas eliminadas en menos de un año. La movida, enmarcada en las políticas de reestructuración y racionalización de la Administración Pública Nacional impulsadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023-70-APN-PTE del 20 de diciembre de 2023, promete mayor eficiencia y agilidad en los trámites, pero deja un mar de dudas sobre el futuro del sistema.
La medida afecta directamente a Registros Seccionales intervenidos por personal externo o aquellos cuyos encargados titulares presentaron renuncia. El objetivo es claro: terminar con las oficinas que no estén a cargo de un Encargado Titular, buscando centralizar y simplificar la operatoria. La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS será la encargada de determinar los plazos y la forma en que se implementarán estos cierres, una vez que las condiciones técnicas lo permitan.
Para el ciudadano común, esto podría significar una reorganización drástica de dónde y cómo se realizan los trámites de transferencia, inscripción de vehículos, prendas y otros servicios registrales. Si bien la intención declarada es la de optimizar los recursos y reducir costos, la experiencia previa de cierres ha generado momentos de confusión y demoras hasta la reasignación de jurisdicciones y la adaptación de los sistemas. Es fundamental que el organismo garantice una transición ordenada para evitar un colapso en la atención.
"Esta medida se dicta en pos del cumplimiento de los objetivos que se desprenden de las modificaciones introducidas en el Régimen Jurídico del Automotor por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023-70- APN-PTE, especialmente aquellos vinculados con el proceso de reestructuración y racionalización de la Administración Pública Nacional."
El Gobierno busca un sistema registral más lean y menos burocrático, pero el desafío será mantener la calidad del servicio y asegurar que la digitalización y centralización prometidas se traduzcan en beneficios tangibles para los usuarios, y no en mayores complicaciones. Los próximos meses serán clave para ver cómo se materializa esta reforma y si realmente cumple con las expectativas de eficiencia prometidas.
