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En un golpe de timón implacable, el Poder Ejecutivo disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), alegando ineficiencia y superposición de funciones. ¿Un paso hacia la modernización o un recorte que afecta la salud pública?
La tijera del ajuste no perdona, y esta vez le tocó al Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET). A través del Decreto 458/2025, el Presidente de la Nación, en uso de las facultades delegadas por la polémica Ley de Bases 27.742, dispuso la disolución total de este organismo desconcentrado que dependía del Ministerio de Salud. La medida, publicada hoy, genera un fuerte debate sobre el equilibrio entre la eficiencia estatal y la importancia de la investigación en salud.
El Gobierno argumenta que el INMET no llevó adelante acciones concretas en prevención, control y tratamiento de enfermedades tropicales y subtropicales, a pesar de su misión. Según el informe del Ministerio de Salud, su accionar se limitó a la capacitación de recursos humanos e investigaciones básicas con "poca influencia en las políticas públicas a nivel nacional y sin impacto a nivel clínico ni sanitario". Además, se señala una clara superposición de funciones con otros institutos dentro de la ANLIS, como el de Parasitología y el de Enfermedades Virales Humanas, que ya abordan estas temáticas.
"Los organismos desconcentrados y descentralizados contaban con un elevado número de unidades organizativas y con CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE (477) autoridades superiores, lo que ha dado lugar a una estructura excesivamente onerosa para el PODER EJECUTIVO NACIONAL."
La disolución busca "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "mejorar el funcionamiento del Estado", objetivos centrales de la Ley de Bases. Los compromisos y obligaciones del INMET serán asumidos por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DOCTOR CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), que, según el decreto, continuará con las funciones y objetivos del instituto disuelto. La Ley N° 26.534, que creó el INMET, y el Decreto N° 125/11, que lo reglamentaba, fueron derogados.
Para el ciudadano, la pregunta es clara: ¿esta medida garantizará una mejor asignación de recursos y una salud pública más eficiente, o se corre el riesgo de debilitar la capacidad de respuesta ante enfermedades tropicales en un país con zonas endémicas? La continuidad de la investigación y la formación en la materia dependerá ahora de la ANLIS, que deberá demostrar que puede absorber estas tareas sin perder calidad ni alcance. Un movimiento arriesgado en un área tan sensible.
