¡Bomba! El Gobierno le quita el control de bienes narco a la AABE y se lo da a Justicia

Con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, el Gobierno Nacional sacude el tablero de la lucha contra el crimen organizado al crear un nuevo "RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS". La medida, que se justifica en una "situación de excepcionalidad que no admite demora", transfiere la crucial tarea de administrar y conservar estos activos desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Ministerio de Justicia.

Este DNU no es menor: deroga la Ley N° 20.785 y modifica sustancialmente otras normas como la Ley de Ministerios, el Decreto N° 1382/12 (que creó la AABE), la Ley N° 25.246 (UIF) y la Ley N° 23.737 (drogas). El objetivo es claro: "optimizar los procesos de identificación, custodia y administración de los recursos mal habidos" para reinvertirlos en el fortalecimiento del sistema de justicia, la seguridad ciudadana y la reparación a las víctimas.

¿Qué cambia radicalmente?

• Centralización en Justicia: El Ministerio de Justicia asume el rol de "administración y conservación" de los bienes incautados en causas penales federales y de extinción de dominio. La AABE se limita a la "enajenación o concesión para su explotación comercial", con un límite del CINCO POR CIENTO (5%) del valor del bien para sus gastos operativos.
• Nuevos recursos para la lucha contra el delito: Se establece una escala de distribución de los fondos obtenidos de la venta de estos bienes, destinándolos a: Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa, Fuerzas de Seguridad, UIF, SEDRONAR y el propio Ministerio de Justicia. La prioridad es la reparación de víctimas.
• Transparencia: Se promete la confección de un "inventario público y actualizado, con trazabilidad de los bienes y sus producidos", buscando mayor control ciudadano.
• Derogaciones clave: Se elimina la Ley N° 20.785 y partes del Decreto N° 2670/15 y Decreto N° 598/19, buscando unificar y agilizar el marco normativo.

El Gobierno argumenta que la gestión fragmentada anterior generaba "pérdida de valor, deterioro y desaprovechamiento", y que esta centralización es vital para combatir el crimen organizado y aliviar el "grave déficit de las cuentas públicas". Además, crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional dentro del Ministerio de Justicia. Para el ciudadano, esto significa una esperanza de que los bienes del delito dejen de ser un pasivo y se conviertan en un recurso para una justicia más fuerte y una sociedad más segura. Sin embargo, la vía del DNU siempre genera debate sobre la legitimidad y la urgencia real de estas profundas reformas.