Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Justicia derogó resoluciones clave que crearon el Registro Nacional de Organizaciones de Género y el Programa Acercar Derechos, citando 'debilidades sustantivas' y falta de alineación con las nuevas políticas. ¿Un retroceso en la lucha contra la violencia de género?
Un cimbronazo político y social se acaba de sentir con la Resolución 466/2025 del Ministerio de Justicia, publicada el 16 de julio de 2025. La cartera que ahora preside Mariano Cúneo Libarona ha decidido derogar resoluciones fundamentales del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: la 575/2021, que creó el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad, y la 55/2022, que dio vida al Programa Acercar Derechos (PAD) para personas en situación de violencias por motivos de género.
La justificación es contundente y polémica: un "Informe de Auditoría N° 5/UAI#MMGYD/2023" que, según el texto, "identificó debilidades sustantivas" en los programas. Los números son alarmantes: el 38% de los casos asistidos por el PAD no registraban acciones de abordaje o seguimiento, el 75% de las acciones activas no se actualizaban hace más de seis meses, y el 26% de los casos carecía de una estrategia integral. El Ministerio concluye que el programa "no ha resultado útil ni cumplido los fines para los que fue concebido y no se encuentra alineado con los ejes estratégicos y las prioridades definidas en las políticas públicas vigentes".
Esta medida se enmarca en la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo para "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "mejorar el funcionamiento del Estado" bajo principios de eficiencia y responsabilidad fiscal. El Ministerio de Justicia, que ahora asume la competencia en materia de género, argumenta que busca reasignar recursos hacia "iniciativas útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica".
¿Las implicaciones? Este desmantelamiento generará un fuerte impacto en las organizaciones sociales que trabajaban en red con el Estado y, sobre todo, en las miles de mujeres y personas LGBTI+ que dependían del apoyo y asistencia de estos programas. Activistas y defensores de derechos humanos ya alertan sobre un posible retroceso en las políticas de género y la desprotección de víctimas de violencia. Es una decisión que, bajo el manto de la eficiencia, abre un profundo debate sobre las prioridades del Estado y el destino de las políticas de igualdad y diversidad en Argentina.
"Un golpe devastador para las políticas de género: ¿eficiencia o desprotección?"
