Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Administración Nacional de Aviación Civil no para: designación clave, modernización regulatoria y un nuevo sistema de vigilancia aérea que promete mayor seguridad y eficiencia. ¿Se viene una revolución en los vuelos?
Este combo de resoluciones y decretos sacude el tablero de la aviación civil argentina. Primero, el Decreto 14/2025 confirma a la Dra. María Julia Cordero (DNI 28.365.206) como Administradora Nacional de la ANAC, tras una intervención de 180 días que, según el gobierno, "cumplió acabadamente con todos los objetivos". Esto implica que la gestión interina se consolida, marcando una continuidad en la dirección del organismo que fiscaliza y regula todo lo que vuela en el país.
Pero no todo es burocracia. La Resolución 9/2025 trae una actualización crucial: se aprueba la Enmienda de la Parte 211 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), específicamente la sección de "Gestión del Tránsito Aéreo". ¿Qué significa esto? Que Argentina se alinea con las normas internacionales de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), buscando mayor eficiencia y seguridad en el manejo del espacio aéreo. Esto impacta directamente en las aerolíneas, controladores y, en última instancia, en los pasajeros, al estandarizar procedimientos y tecnologías.
Y como si fuera poco, la Resolución 13/2025 introduce un innovador "Proceso para la Observación Continua de los Servicios de Navegación Aérea". Este nuevo mecanismo complementa las inspecciones y auditorías existentes, permitiendo un monitoreo permanente y estandarizado de los servicios en cada aeródromo controlado del país. La idea es detectar fallas y optimizar operaciones de forma dinámica, lo que podría traducirse en vuelos más seguros y menos demoras.
"La vigilancia continua de la seguridad operacional es clave para un sistema aéreo moderno y confiable."
Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de control del Estado sobre la aviación, siguiendo las recomendaciones internacionales y consolidando una gestión que prioriza la seguridad y la eficiencia. Para las empresas del sector, significa adaptarse a normativas actualizadas y un escrutinio más riguroso. Para los ciudadanos, la promesa es un cielo más seguro.