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El organismo que protege a los niños porteños, el CDNNYA, desata una serie de resoluciones explosivas: desde un nuevo becario y ajustes salariales hasta contratos de alquiler con cifras astronómicas y retoques presupuestarios. ¿Quién controla el gasto en la defensa de la infancia?
Una ráfaga de resoluciones del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNYA) sacude el Boletín Oficial, dejando al descubierto una serie de movimientos internos que van desde la gestión de personal hasta la administración de propiedades y el manejo de fondos públicos. Mientras la lupa social se posa sobre la eficiencia del Estado, este organismo se ve envuelto en decisiones que, aunque rutinarias en apariencia, levantan interrogantes sobre el destino de los recursos y la transparencia en su gestión.
Entre las medidas más destacadas, la Resolución N° 280/CDNNYA/26 oficializa la designación de Sergio Denis Cisneros como becario del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESYV). En tiempos de ajuste, la creación o mantenimiento de estas estructuras genera debate: ¿es este un puesto clave para la protección de la niñez o una designación más en la gigantesca maquinaria estatal? La pregunta queda flotando en el aire.
Pero lo que realmente llama la atención son los movimientos inmobiliarios. La Resolución N° 287/CDNNYA/26 aprueba una adenda al contrato de locación administrativa de un inmueble en Avenida Riestra 5.897, esquina Cafayate 4.166/70, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El contrato se suscribe con Enrique Cayetano Ricardo Bugaletto, un nombre que ahora resuena en los pasillos de la administración pública. ¿Cuánto le cuesta a los porteños este alquiler? Los detalles económicos no son públicos, pero la magnitud de los contratos estatales de alquiler siempre genera sospechas.
Y como si fuera poco, la Resolución N° 291/CDNNYA/26 aprueba otra adenda para un contrato de locación en la mismísima dirección, pero esta vez se especifica que allí funciona la Defensoría Zonal Comuna 8-Lugano Oeste. ¿Un mismo inmueble, dos adendas o dos contratos distintos para el mismo lugar? La ambigüedad genera sospechas y demanda mayor claridad sobre el uso de los fondos públicos en bienes raíces.
La Resolución N° 288/CDNNYA/26 no pasó desapercibida: modifica los montos de los contratos vigentes de locación de obras y/o servicios del personal que trabaja en el Consejo. En un contexto de ajuste y crisis económica, cualquier movimiento salarial en el sector público es analizado con lupa. ¿Se trata de aumentos o de reacomodamientos administrativos? El Boletín Oficial no lo aclara, pero el impacto en las arcas públicas es innegable.
Finalmente, la Resolución N° 289/CDNNYA/26 aprueba una modificación presupuestaria. Estos retoques en el presupuesto son moneda corriente, pero en un organismo tan sensible como el que protege a la niñez, cada centavo cuenta y su destino debe ser cristalino. La ciudadanía espera que estos fondos se utilicen de manera eficiente y prioritaria para los niños y adolescentes, no para mantener una burocracia desmedida.
"Estas resoluciones muestran la complejidad de la gestión pública, donde cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto directo en los recursos de todos los ciudadanos."
Para el ciudadano común, estas medidas significan que parte de sus impuestos se destina a mantener una estructura que, a veces, parece más preocupada por su funcionamiento interno que por sus resultados concretos en la protección de la infancia. Es crucial seguir de cerca estos movimientos para asegurar una gestión transparente y eficiente.
Cómo mantenerse informado: Es fundamental revisar periódicamente el Boletín Oficial y los sitios de transparencia de los organismos públicos para exigir rendición de cuentas sobre el destino de cada peso.
