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El Ministerio de Seguridad lanza un nuevo y audaz sistema para proteger a los uniformados que se atrevan a denunciar actos de corrupción o irregularidades en las fuerzas federales. ¿Se acabó la impunidad o es solo un lavado de cara?
¡Un terremoto sacude los cimientos de las fuerzas de seguridad federales! El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la batuta de Patricia Bullrich, acaba de publicar la Resolución 831/2025, una medida que promete ser un antes y un después en la lucha contra la corrupción interna. Se trata de la creación del "SISTEMA DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS" (SPADT), un mecanismo diseñado para blindar a aquellos uniformados valientes que se atrevan a alzar la voz contra ilícitos en sus propias filas.
El SPADT, que reemplaza sistemas anteriores como el SIPRA, tiene un objetivo claro: fomentar la denuncia, investigación y sanción de irregularidades y delitos cometidos dentro de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, GENDARMERÍA NACIONAL, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y, como novedad, el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
La medida busca asegurar que las condiciones laborales y profesionales del personal que denuncie, se niegue a participar en actos ilícitos o testifique, no se vean alteradas por represalias. Esto es clave, ya que tradicionalmente el miedo a las "listas negras" o traslados arbitrarios ha sido un freno para quienes querían hablar.
El sistema es muy específico al definir qué es una represalia: desde violencia física o verbal, asignación de misiones riesgosas sin protección, ambiente laboral hostil, tareas de menor jerarquía, hasta postergaciones injustificadas de ascensos, sanciones infundadas o traslados arbitrarios. Se crea un Registro Único de Protección Administrativa (RUPAd) para centralizar los casos.
¡Ojo! Es fundamental destacar que la protección física del denunciante NO está incluida en este sistema. Se enfoca exclusivamente en el ámbito administrativo y profesional. Además, no se admitirán denuncias anónimas, buscando mayor seriedad y compromiso.
Esta resolución es un golpe de timón importante. Al prohibir que se apliquen medidas disciplinarias sin el consentimiento del Ministerio y considerar la violación de esta norma como una falta grave, se envía un mensaje contundente: la era de la impunidad interna podría estar llegando a su fin. Se instruye a los jefes de todas las fuerzas a ajustar sus normas y difundir la medida.
Para los ciudadanos, un sistema de seguridad más transparente y con menos corrupción interna se traduce en mayor confianza y eficacia en la lucha contra el delito. La clave estará en la implementación real y la voluntad política de sostener este blindaje contra las presiones internas. ¡El ojo público estará atento!
Cómo estar informado: El Ministerio de Seguridad Nacional será el encargado de comunicar los avances y estadísticas de este sistema.
