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El Gobierno ajusta los tornillos del control de transporte: la ex CNRT se transforma en una poderosa Agencia, con un Director Ejecutivo bajo la lupa y durísimas restricciones para evitar conflictos de interés. ¿Fin de la fiesta para algunos?
¡Atención, Argentina! El Boletín Oficial sacudió hoy con un decreto que redefine por completo el tablero del control de las concesiones y servicios públicos de transporte. Lo que antes conocíamos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ese organismo que siempre estuvo en el ojo de la tormenta, ahora muta en la flamante AGENCIA DE CONTROL DE CONCESIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE. Y ojo, que no es solo un cambio de nombre.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y enmarcada en la Secretaría de Transporte, no solo reestructura, sino que impone reglas de juego mucho más estrictas para su figura principal: el Director Ejecutivo. Este funcionario tendrá dedicación exclusiva y estará sujeto a incompatibilidades férreas, dignas de un thriller político.
"Durante el ejercicio de sus funciones como Director Ejecutivo y hasta DOS (2) años después de haber cesado en dicho cargo no podrá ser propietario, ni tener interés alguno directo o indirecto, en empresas de transporte ni poseer en ellas la cantidad de acciones suficientes que le permita ejercer una influencia dominante en la voluntad social de las empresas antes mencionadas, ni mantener con ellas relación laboral o profesional alguna."
¡Escucharon bien! Dos años de veda absoluta para cualquier vínculo con el sector que controló. Una jugada que busca blindar al organismo de potenciales conflictos de interés y presiones empresariales, prometiendo mayor transparencia y ética pública. La remoción del cargo solo será posible por incumplimiento de estas obligaciones, lo que le otorga una estabilidad relativa pero con una espada de Damocles ética sobre su cabeza.
Para el ciudadano de a pie, esta reorganización podría traducirse en un control más riguroso sobre las empresas de transporte, desde colectivos hasta trenes y aviones. El objetivo es que las concesiones se cumplan a rajatabla y que los servicios sean de calidad. Para las empresas del sector, significa una lupa más grande y un organismo con dientes afilados, que ya no se regirá por viejas estructuras, sino por un nuevo marco legal que deroga partes del Decreto N° 1388/96.
El personal de la Agencia, por su parte, se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, buscando estandarizar las condiciones laborales. Este decreto se inscribe en una serie de medidas de reorganización estatal que buscan eficientizar y, según el discurso oficial, desregular y transformar la función pública. Habrá que seguir de cerca los próximos movimientos de esta "nueva" agencia y ver si el control se vuelve realmente implacable. ¡El futuro del transporte argentino está en juego!
