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Un decreto presidencial revoluciona la industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP), eliminando controles estatales y abriendo la puerta a la libre importación y comercialización. ¿Fin de la "sobrerregulación" o riesgo para los más vulnerables?
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un golpe de timón monumental en la política energética con la publicación del Decreto 446/2025. Se trata de una desregulación profunda de la Ley N° 26.020, que establecía el marco regulatorio para la industria y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El objetivo declarado es "limitar la intervención estatal exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad", dejando los aspectos económicos y operativos a la "libre y competitiva" dinámica del mercado.
Las modificaciones son contundentes: se eliminan las autorizaciones previas para instalar nuevas plantas fraccionadoras o ampliarlas. Ahora, bastará con presentar la documentación pertinente y, ¡atención!, el silencio de la Autoridad de Aplicación en 10 días hábiles tendrá sentido positivo. Esto es un cambio drástico en la burocracia del sector. Además, se permite la libre importación de GLP sin requisitos previos, y la exportación será libre una vez garantizado el abastecimiento interno, con un plazo de 7 días para que el Ejecutivo objete, nuevamente, con silencio positivo.
La Secretaría de Energía (Ministerio de Economía) mantendrá su rol de Autoridad de Aplicación, pero sus funciones se reducen drásticamente a cuestiones de seguridad, normativas técnicas y fiscalización. Se derogan artículos clave de la ley anterior, que otorgaban un rol protagónico al Estado en la regulación económica del GLP. La idea es que el "sector privado es el principal interesado en expandir la producción" y mejorar el servicio.
Para las empresas del sector energético, la medida es un claro mensaje de libertad y reducción de costos operativos. Se espera una mayor competencia, diversificación de la oferta y optimización de la operación. Sin embargo, para los sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuentan con gas natural por redes, que históricamente dependieron de un GLP regulado para asegurar un "suministro regular, confiable y económico", la desregulación abre un interrogante. Si bien el decreto menciona este objetivo, la ausencia de intervención estatal en precios genera incertidumbre sobre cómo se garantizará el acceso a un costo razonable para los más vulnerables.
Este decreto, enmarcado en la Ley de Bases N° 27.742, es un paso audaz hacia un modelo de mercado más liberalizado en el sector energético. Su impacto en los precios y el abastecimiento será un termómetro clave para evaluar el éxito o los desafíos de esta drástica medida.
11 de julio de 2025
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