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Un acuerdo crucial entre el INAI y Río Negro promete blindar los derechos de los pueblos originarios a ser consultados. ¿Es un avance histórico o una nueva batalla burocrática? La "consulta previa, libre e informada" toma un rol protagónico, pero un detalle en las fechas de firma genera dudas.
¡Atención, Argentina! El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) acaba de dar un paso que, según sus defensores, es de una relevancia monumental para los pueblos originarios. A través de la Resolución 106/2025, se aprobó el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con el Gobierno de la Provincia de Río Negro para la aplicación del tan mentado Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
Este derecho, que no es un capricho, está anclado en la Ley N° 24.071 (que ratificó el Convenio N° 169 de la OIT) y nada menos que en el Artículo 75 Inciso 17 de nuestra Constitución Nacional. En criollo, significa que a las comunidades indígenas se les debe preguntar y escuchar antes de que cualquier proyecto o medida que las afecte se ponga en marcha. ¡Un verdadero game changer para la toma de decisiones que impactan en sus tierras y culturas!
El convenio, que según el texto no implica ni un peso de erogación presupuestaria, busca unificar y coordinar las políticas indígenas, una tarea clave del Consejo Federal de Políticas Indígenas creado por Resolución INAI Nº 40/2024. Es un intento de sentar las bases para que el diálogo no sea una utopía, sino una realidad palpable.
Para los ciudadanos de a pie, especialmente aquellos que viven en o cerca de territorios indígenas en Río Negro, esto significa que la voz de las comunidades tendrá un peso legal y administrativo mucho mayor. Esto podría impactar desde proyectos de infraestructura y energía hasta iniciativas agrícolas o turísticas. Se espera que se abra una era de mayor respeto y participación, aunque la implementación siempre es el gran desafío.
"El derecho a la consulta previa es la llave para la autodeterminación y la protección de la identidad cultural de nuestros pueblos", afirman desde el INAI.
Pero no todo es color de rosa. Un detalle no menor aparece en el texto: mientras se menciona que el Convenio fue "firmado con fecha 30 de octubre de 2024", unas líneas más abajo se dice que fue "suscripto con fecha 20 de septiembre de 2024". ¿Un error administrativo o una señal de la burocracia que a veces enturbia estos procesos? Esta inconsistencia, aunque parezca menor, puede generar interrogantes sobre la transparencia y el rigor en la gestión.
Este acuerdo, más allá de las fechas, sienta un precedente para que otras provincias sigan el mismo camino, fortaleciendo la implementación de derechos fundamentales. El desafío ahora es que el papel se traduzca en hechos concretos y que la consulta no sea una mera formalidad, sino una herramienta efectiva de participación y protección.
Para estar informado sobre futuras actualizaciones, es clave seguir los comunicados del INAI y las novedades de la provincia de Río Negro, ya que la aplicación de este convenio será un termómetro de la voluntad política.
