Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno lanza un salvavidas de *hasta $70.000* para millones de jubilados y pensionados, buscando amortiguar el golpe de la inflación y corregir los desajustes de la fórmula de movilidad anterior. Una medida urgente para los bolsillos más castigados.
El Boletín Oficial acaba de soltar una noticia que hará respirar a miles de argentinos: el Gobierno Nacional, a través del Decreto 47/2025, confirmó un bono extraordinario previsional de hasta PESOS SETENTA MIL ($70.000) que se pagará en febrero de 2025. Esta inyección de dinero busca ser una compensación por los efectos devastadores de la inflación y los inconvenientes de la antigua Ley de Movilidad Jubilatoria (Ley N° 27.609), que, según el propio decreto, no resguardaba el poder adquisitivo de los adultos mayores.
El bono está dirigido a una amplia gama de beneficiarios de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). Esto incluye a titulares de prestaciones contributivas (Ley N° 24.241), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y aquellos con pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más, y otras pensiones graciables. La clave es que el beneficio debe estar vigente al momento de la liquidación.
Aquellos jubilados que perciban un monto igual o inferior al haber mínimo garantizado, recibirán el bono completo de $70.000. Para quienes superen ese mínimo, el bono será la diferencia necesaria para alcanzar la suma del haber mínimo más los $70.000. Es un alivio crucial para un sector que ha visto cómo sus ingresos se pulverizan frente al aumento constante de precios. La medida subraya una preocupación por el bienestar social, aunque sea a través de parches temporales mientras se ajusta la fórmula de movilidad por IPC, vigente desde julio de 2024.
Esta decisión, que no es remunerativa ni susceptible de descuentos, demuestra la voluntad política de intervenir para proteger a los más vulnerables, aunque también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estas ayudas extraordinarias a largo plazo. Los ojos estarán puestos en ANSES, que deberá dictar las normas complementarias para su implementación. Los jubilados ya pueden empezar a hacer cuentas.
