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El Ministerio de Justicia posterga la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Capital por 'conflicto institucional' y falta de infraestructura, mientras avanza en otras jurisdicciones.
La tan ansiada reforma judicial sufre un nuevo traspié. El Ministerio de Justicia acaba de anunciar el aplazamiento de la plena entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) para las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Originalmente prevista para el 11 de agosto de 2025, la implementación se diferirá hasta el 10 de noviembre de 2025. ¿El motivo? Un "conflicto institucional" con la Procuración General de la Nación, que advirtió sobre la falta de "requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables" para el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal porteña.
Este revés pone en evidencia las profundas restricciones presupuestarias y las deficiencias en infraestructura que arrastra el sistema judicial, a pesar de que el Ministerio de Justicia asegura haber proporcionado "cooperación técnica y asistencia financiera extraordinaria". La coexistencia de dos regímenes procesales distintos continúa generando problemas normativos y operativos, obstaculizando la eficiencia de la justicia penal federal.
Mientras CABA espera, la reforma avanza en otras latitudes. La Resolución N° 530/2025 también dispuso la entrada en vigencia del Código en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas a partir del 16 de marzo de 2026, y en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde el 18 de mayo de 2026. Esta fragmentación del cronograma genera incertidumbre, pero el Gobierno ratifica su "voluntad indeclinable" de culminar la implementación integral de la reforma. Sin embargo, la realidad de los hechos parece otra.
