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El Ministerio de Justicia posterga la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Capital y lo económico por "conflicto institucional" y falta de infraestructura, mientras avanza en el interior. ¿Una señal de debilidad o una jugada estratégica?
¡Atención, ciudadanos! Lo que parecía un avance imparable en la modernización de la justicia federal, ahora se topa con un freno inesperado en el corazón del país. El Ministerio de Justicia acaba de anunciar que la tan esperada entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones clave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Penal Económico se posterga. Originalmente prevista para el 11 de agosto de 2025, ahora será el 10 de noviembre de 2025. ¿El motivo? Una cruda disputa entre el Ejecutivo y la Procuración General de la Nación.
La Resolución 530/2025 del Ministerio de Justicia revela una tensión institucional de alto voltaje. Mientras el Gobierno Nacional afirma haber cumplido con todas las condiciones de infraestructura, tecnología y capacitación para el nuevo sistema acusatorio, la Procuración General de la Nación ha levantado la bandera roja, declarando que "no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables". Ante este choque de versiones, y "con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de justicia", se optó por una dilación "por única vez y con carácter excepcional e improrrogable".
Este Código, que busca reemplazar el obsoleto sistema inquisitivo por uno acusatorio que otorga mayor poder a los fiscales y agiliza los procesos, viene implementándose de forma progresiva desde 2014. Ya rige en Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Bahía Blanca (esta última también con una prórroga previa).
Paradójicamente, mientras CABA espera, el Ministerio de Justicia ratifica y amplía el cronograma en otras regiones. Se confirma la implementación en Corrientes y Resistencia para el 1° de diciembre de 2025, y se suman nuevas fechas: Posadas (16 de marzo de 2026) y La Plata (18 de mayo de 2026). Esto demuestra una clara voluntad política de avanzar, pero choca con la realidad operativa de las instituciones judiciales en la capital.
"La decisión indeclinable del GOBIERNO NACIONAL es promover las adecuaciones indispensables para poner en marcha el nuevo sistema de enjuiciamiento penal a nivel federal", reza la resolución, subrayando la "profunda restricción presupuestaria y criterios de austeridad".
Para el ciudadano común, esta prórroga significa que la esperada agilización de los procesos penales federales en la capital y en materia económica deberá esperar unos meses más. Casos de corrupción, narcotráfico y delitos complejos seguirán tramitándose bajo el antiguo sistema hasta noviembre. La tensión entre el Ejecutivo y la Justicia plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para llevar adelante reformas profundas cuando hay desacuerdos internos sobre los recursos y las condiciones. Mantenerse informado a través de comunicados oficiales y medios especializados será clave para entender los próximos pasos de esta novela judicial.
