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Una resolución conjunta de Justicia y Salud revoluciona el sistema judicial, haciendo optativa la mediación prejudicial en conflictos sanitarios y buscando desahogar los tribunales. La medida impacta a pacientes, obras sociales y prepagas, prometiendo agilizar la resolución de miles de causas.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Justicia y Salud, acaba de lanzar una reforma explosiva que busca ponerle un freno a la avalancha de juicios en el sector sanitario. La Resolución Conjunta 1/2025 oficializa la implementación del “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), una medida que modifica la Ley de Mediación Obligatoria (Nº 26.589) y que promete cambiar las reglas del juego para pacientes, obras sociales y prepagas.
La clave está en que, a partir de ahora, la mediación en casos de salud donde el demandado sea una obra social o prepaga (Ley Nros. 23.660, 23.661 o 26.682) será OPTATIVA para el reclamante. Esto significa que antes de ir a juicio, los ciudadanos tendrán la posibilidad de resolver sus conflictos en una instancia de diálogo, que busca ser más rápida y eficiente.
Pero ojo, la medida viene con sus trampas y beneficios. Se establecen rigurosos programas de capacitación y exámenes de idoneidad para los mediadores especializados en salud, garantizando un estándar de calidad. Además, se definen los mecanismos de pago a los mediadores: el fondo de financiamiento se hará cargo si no hay acuerdo, pero el requerido o el reclamante (si no inicia juicio en 30 días) deberá reintegrar los honorarios.
Para agilizar el proceso, se validarán los domicilios electrónicos de las entidades de salud ante la Superintendencia de Servicios de Salud para las notificaciones. Y en un giro sorprendente, incluso los casos ya judicializados podrán ser derivados al PROMESA, siempre que el juez lo considere y la parte actora consienta.
La gran pregunta es: ¿será esta la solución definitiva para descongestionar una justicia colapsada por miles de expedientes sanitarios, que crecieron de 1.130 a 5.474 entre 2011 y 2018, y aún más después? O, ¿se convertirá en un nuevo laberinto burocrático? La invitación a otras entidades de salud a adherirse voluntariamente al sistema busca ampliar su impacto, pero la efectividad dependerá de la voluntad de las partes y la agilidad del nuevo esquema.
