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El gobierno bonaerense duplica una polémica compra a CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIÁN por más de 3.6 millones de pesos para equipar escuelas. ¿Es eficiencia o un gasto desmedido en tiempos de ajuste?
Una decisión que levanta polvareda en el ámbito educativo y de las finanzas públicas bonaerenses. La Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación ha dado el visto bueno para ampliar en un cien por ciento una orden de compra clave para el equipamiento de escuelas. Estamos hablando de la Orden de Compra PBAC N° 297-7061-OC25, originalmente destinada a la adquisición de materiales para la fabricación de mobiliario escolar.
La afortunada firma beneficiada es CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIÁN, CUIT 20-29867376-3, que ya había sido adjudicataria de la Licitación Pública N° 2/25. El monto original de esta adjudicación ascendía a PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 90/100 ($3.609.522,90). Con esta resolución, se le suma exactamente la misma cantidad, duplicando el compromiso financiero del Estado provincial.
Esta medida, enmarcada en la Ley N° 13.981 y su decreto reglamentario, implica que se destinarán más de 7.2 millones de pesos en total para este fin. Si bien la provisión de mobiliario escolar es crucial para la educación pública, la ampliación de contratos en un 100% siempre genera interrogantes sobre la planificación inicial y la posible existencia de sobreprecios o de una necesidad urgente no prevista. La Dirección Provincial de Equipamiento Escolar solicitó esta ampliación, alegando la necesidad de insumos varios para los establecimientos educativos.
"La gestión que se aprueba queda bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que la propicia, la que se hace extensiva a la razonabilidad de los precios a pagar."
Esta frase del Artículo 2° de la resolución resalta la responsabilidad directa de los funcionarios involucrados en garantizar la transparencia y la conveniencia de estos precios para el erario público. Para el ciudadano de a pie, esta ampliación significa que una porción considerable de sus impuestos se destinará a la infraestructura educativa, pero también abre la puerta a la vigilancia sobre cómo se gastan esos fondos. Es vital estar atentos a la ejecución de este contrato y a la calidad y cantidad de los materiales que finalmente lleguen a las aulas. ¿Se verán los resultados en nuestras escuelas o este dinero se perderá en el laberinto burocrático?
