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En un movimiento polémico, la ARN habilitó una práctica no rutinaria vital para la Planta de Fabricación de Elementos Combustibles (ECRI) de la CNEA, ignorando una factura impaga por "interés público". ¡Molibdeno 99 en juego!
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha vuelto a ser protagonista en el Boletín Oficial con una decisión que genera tanto alivio como interrogantes: otorgó una Autorización de Práctica No Rutinaria a la Planta de Fabricación de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (ECRI) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a pesar de que esta última adeuda una tasa regulatoria significativa, reflejada en la Factura N° 0001-00068268.
La resolución destaca que esta práctica es fundamental para la Etapa III del proceso de Ampliación y Mejora del sistema de ventilación de las líneas de caja de guantes. Pero lo más impactante es la justificación para pasar por alto la deuda: "se ponen en riesgo compromisos como el suministro de molibdeno 99 e Iodo 131 para uso en medicina nuclear y la provisión de 65 elementos combustibles para el Proyecto RA-10".
"Esta Práctica No Rutinaria es fundamental para concretar la Etapa III del proceso de Ampliación y Mejora del sistema de ventilación de las líneas de caja de guantes y permitirá optimizar las condiciones vinculadas a protección radiológica y seguridad nuclear de la Instalación. Sin la Autorización de la Práctica No Rutinaria, se ponen en riesgo compromisos como el suministro de molibdeno 99 e Iodo 131 para uso en medicina nuclear y la provisión de 65 elementos combustibles para el Proyecto RA-10."
Esto significa que, sin esta autorización, la Argentina podría quedarse sin la producción de isótopos esenciales para diagnósticos y tratamientos oncológicos, además de afectar un proyecto estratégico como el RA-10. La ARN prioriza la continuidad operativa y la salud pública por encima de la recaudación inmediata, aplicando, eso sí, los intereses punitorios correspondientes.
La decisión subraya la fragilidad financiera de la CNEA, una entidad clave para la soberanía tecnológica y sanitaria del país, que parece tener dificultades para cumplir con sus obligaciones regulatorias. Al mismo tiempo, expone la dependencia de la medicina nuclear argentina de estas instalaciones, haciendo que su funcionamiento sea una cuestión de seguridad nacional.
Para el ciudadano común, la noticia es agridulce: por un lado, la garantía de que seguirá habiendo insumos vitales para la salud; por otro, la revelación de que una entidad estatal opera con deudas y excepciones regulatorias que, aunque justificadas por "interés público", no dejan de ser una anomalía. Es una clara señal de que el Estado interviene para sostener una actividad crítica, aun cuando las finanzas no estén en orden.
