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La Provincia de Buenos Aires desata una asignación de más de $21 millones para la Ley 13.767, delegando una autoridad clave en contrataciones. ¿Transparencia o cheque en blanco para el gasto público?
Una medida que enciende las alarmas y las esperanzas en la gestión bonaerense. El Boletín Oficial publicó la Ley N° 13.767, que fija un gasto escalofriante de $21.107.366,23 para el ejercicio 2026. Este monto, que se extraerá del Presupuesto General, ya está generando debate sobre su destino y la efectividad de su aplicación.
Pero la verdadera bomba viene en el Artículo 4°, que otorga a la Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios y Administración de Inmuebles la potestad de autorizar las órdenes de compra. Esta delegación de facultades concentra un poder significativo en un solo organismo, prometiendo agilidad pero también levantando cejas sobre los mecanismos de control y transparencia. ¿Será una fórmula para la eficiencia o un caldo de cultivo para la discrecionalidad?
Los ciudadanos de a pie deben estar atentos a cada peso de este presupuesto. La asignación de fondos públicos, especialmente cuando se centralizan las decisiones de compra, exige una vigilancia ciudadana férrea. ¿Qué proyectos se financiarán con estos millones? ¿Quiénes serán los proveedores beneficiados? Las respuestas a estas preguntas serán cruciales para entender el verdadero impacto de esta Ley en la vida cotidiana de los bonaerenses.
"La concentración de poder en las contrataciones puede ser un arma de doble filo: eficiencia o riesgo de opacidad", advierten analistas.
