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El Ministerio de Transporte bonaerense sacude el río con una actualización brutal de multas para el transporte de pasajeros. Preparen las billeteras: las infracciones y las indemnizaciones por equipaje perdido se disparan, afectando directamente a empresas y, en última instancia, al bolsillo del usuario.
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires acaba de soltar una verdadera bomba para el sector del transporte fluvial de pasajeros. La Resolución N° 14-MTRAGP-2026 no es un mero trámite: viene a actualizar los montos de las multas y las indemnizaciones por equipaje, y la cifra del boleto mínimo de referencia –ahora en $435,66– es la clave de este ajuste.
La medida, impulsada por el Ministerio de Transporte, retoca el Régimen de Faltas y Sanciones del Decreto N° 2608/89. Esto significa que las infracciones al servicio de transporte fluvial intercomunal, desde incumplimientos normativos hasta problemas de seguridad, ahora dolerán mucho más en el bolsillo de las empresas. Pero no solo eso: también se actualiza la indemnización por pérdida o avería de equipajes, que podrá alcanzar hasta el valor de 100 boletos mínimos, una suma considerable para quienes viajan con sus pertenencias.
Para las empresas de transporte fluvial, esto representa un golpe directo. La posibilidad de multas más elevadas las obliga a extremar los controles y la calidad del servicio para evitar sanciones que pueden ser millonarias. Sin embargo, no hay que ser un genio para prever que, en muchos casos, estos costos adicionales podrían ser trasladados a las tarifas, impactando así a los pasajeros con posibles aumentos en el precio de los pasajes. La medida busca, en teoría, mejorar la seguridad y eficiencia del servicio público, pero el costo recaerá sobre el eslabón más débil de la cadena: el ciudadano que necesita moverse por los ríos bonaerenses.
Este ajuste se da en un contexto de revisión general de tarifas y costos operativos. La Resolución N° 282/2025 del mismo Ministerio ya había establecido nuevas tarifas, y esta resolución es la consecuencia lógica para mantener la proporcionalidad de las sanciones. El objetivo es claro: el Estado busca ejercer su poder de policía y asegurar un sistema de transporte público coordinado y eficiente, según la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros. Pero, ¿a qué precio?
