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Un mega decreto presidencial disuelve organismos, transforma otros y fusiona cinco hospitales nacionales bajo una nueva superestructura. ¿El objetivo? Reducir el gasto y "optimizar" la gestión, pero la movida genera incertidumbre en el sistema de salud y entre miles de empleados públicos.
El decreto, amparado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N° 27.742), que declaró la emergencia pública, busca una profunda reestructuración del Ministerio de Salud. El Poder Ejecutivo, haciendo uso de facultades delegadas, apunta a "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "disminuir el déficit".
Para los ciudadanos, la atención hospitalaria no debería verse afectada directamente en el corto plazo, ya que los hospitales seguirán operando con sus nombres y especializaciones. Sin embargo, la centralización de la gestión podría impactar en la agilidad de ciertas decisiones o en la burocracia interna. Los pacientes oncológicos y sus familias podrían notar un cambio en la autoridad de aplicación de la Ley 27.674, esperándose una mayor eficiencia. Para los empleados públicos de estos organismos, la noticia genera gran incertidumbre sobre su futuro laboral y la reestructuración de sus cargos. El decreto establece que el personal mantendrá sus cargos "hasta tanto se adecuen las estructuras", pero todo movimiento de personal requerirá aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado.
Este decreto se enmarca en la política de "motosierra" del gobierno, buscando reducir el gasto público y achicar el Estado. El informe de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional reveló 111 organismos, 477 autoridades superiores y un aumento de 35.481 a 88.095 agentes en organismos descentralizados entre 2010 y 2024, cifras que el gobierno considera "excesivamente onerosas". La Ley de Bases es el paraguas legal que habilita estas medidas drásticas.
La medida es un claro avance hacia un Estado más compacto y centralizado en el ámbito de la salud. Si bien se argumenta eficiencia y ahorro, la centralización de tantos hospitales bajo una única administración puede generar desafíos en la coordinación y la capacidad de respuesta a necesidades específicas de cada institución. La disolución de un instituto "fantasma" como el Cardiovascular es menos polémica que la fusión de hospitales con décadas de historia y funcionamiento descentralizado. La "continuidad operativa" y la "especialización funcional" son las promesas clave, cuya concreción será el verdadero termómetro del éxito o fracaso de esta megareforma.
"La creación del mencionado Instituto no respondió a una real necesidad funcional, y nunca tuvo asignación presupuestaria ni posee personal contratado, es decir que desde la sanción de la Ley N° 27.177 no fue puesto en funcionamiento."
"Esta medida tiene por fundamento la necesidad de centralizar la ejecución presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la gestión administrativa en un único organismo, lo que mejorará los sistemas de control interno, la transparencia en la asignación del gasto y la trazabilidad de las decisiones administrativas."
No hay contradicciones explícitas, pero la promesa de "optimizar el uso de los recursos públicos, reducir costos administrativos y mejorar la calidad de la gestión sanitaria, sin afectar la continuidad operativa ni la especialización funcional" será un punto de tensión. La reducción de personal, si bien no es el objetivo declarado, es una preocupación subyacente de este tipo de reestructuraciones.
Para estar informado, seguí el Boletín Oficial y los anuncios del Ministerio de Salud para conocer la nueva estructura organizativa de la ANES y del Ministerio, así como cualquier normativa complementaria.
