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La Agencia Nacional de Discapacidad aprueba un nuevo baremo médico para evaluar la invalidez laboral, un cambio crucial que podría redefinir quiénes acceden a las pensiones no contributivas.
Un cambio de alto impacto social acaba de ser oficializado. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante la Resolución 187/2025, aprobó un nuevo baremo médico para la evaluación de la invalidez laboral. Esta medida es fundamental porque define los criterios para acceder a las vitales Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral, aquellas destinadas a personas sin recursos propios, no amparadas por regímenes de previsión y con una imposibilidad de trabajar.
El corazón de la medida radica en el Artículo 1° de la resolución, que aprueba el Anexo I, donde se detallan los lineamientos para el análisis del grado de invalidez. Si bien el decreto reglamentario anterior (N° 432/1997) ya establecía la necesidad de una "incapacidad total y permanente" con una disminución del SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66 %) o más en la capacidad laborativa, el nuevo baremo determinará cómo se mide esa incapacidad. Esto no es un detalle menor, ya que la metodología de evaluación puede ser la línea divisoria entre obtener o no el beneficio.
La resolución establece que este nuevo baremo será de aplicación inmediata para:
Esto significa que miles de solicitantes actuales y futuros, así como beneficiarios que ya poseen la pensión, verán sus casos reevaluados bajo esta nueva vara. La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS será la encargada de la implementación y las capacitaciones necesarias.
Este movimiento se da en un contexto de fuerte "ajuste" del gasto público, donde cada partida es revisada con lupa. La implementación de un nuevo baremo genera incertidumbre y preocupación entre las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan. La clave estará en la transparencia y la objetividad con la que se apliquen los nuevos criterios para evitar que personas que realmente lo necesitan queden desamparadas. La evaluación de la "patología y grado de incapacidad, suscripto por profesional médico de establecimiento sanitario oficial o de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD", junto al "contexto socioeconómico del solicitante", serán los pilares de este proceso. Estaremos atentos a cómo se traduce esto en la realidad de los más vulnerables.
