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El Gobierno Nacional oficializó un decreto clave que reforma el marco regulatorio de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento. Esta medida, justificada por una "profunda crisis económica" y la necesidad de inversiones, es el paso definitivo para su privatización, prometiendo mayor eficiencia y cobertura, pero generando controversia sobre el futuro del servicio.
En un movimiento que sacude los cimientos de los servicios públicos, el Gobierno Nacional ha publicado el Decreto 493/2025, un DNU que redefine por completo el marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La medida, que se dicta en un contexto de "profunda crisis económica" y "creciente deterioro operativo y financiero" de la empresa, es el paso previo y fundamental para su privatización total o parcial.
El decreto modifica sustancialmente el Artículo 2° del Decreto N° 304/06 y el Marco Regulatorio de la Ley N° 26.221, que establecía que el 90% del capital de AySA era intransferible y propiedad del Estado Nacional. Ahora, se habilita al Ministerio de Economía a "enajenar total o parcialmente su participación accionaria", es decir, vender las acciones de AySA a capitales privados. El 10% restante seguirá en manos de los extrabajadores adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Además, se otorgan amplias facultades a la futura concesionaria privada, que incluyen:
El decreto también establece un Plan Director de Mejora Estratégica (elaborado por la Agencia de Planificación, APLA), que será "no vinculante" y servirá como directriz para el Plan de Acción de la concesionaria. Se prevé un régimen de transición de hasta cinco años post-privatización para una implementación ordenada.
Esta medida tiene un impacto monumental en la vida de millones de argentinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, quienes dependen de AySA para el servicio de agua potable y desagües cloacales. El Gobierno justifica la privatización señalando que el Estado transfirió USD 13.400 millones a AySA entre 2006 y 2023, sin que esto se tradujera en "eficiencia y productividad". La meta es atraer inversiones privadas que el Estado asegura no poder afrontar, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.
Para los ciudadanos, esto podría significar cambios significativos en las tarifas, que probablemente dejen de depender de subsidios estatales para reflejar los costos de operación e inversión. La promesa es un servicio más eficiente y con mayor alcance, pero la preocupación radica en la accesibilidad y el control de un servicio tan esencial bajo gestión privada. La decisión de dictar este cambio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), saltándose el debate parlamentario ordinario, subraya la urgencia que el Ejecutivo le asigna a esta transformación, pero también abre un flanco de crítica sobre la legitimidad del proceso. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso deberá expedirse sobre su validez.
