¡BOMBAZO! AYSA se privatiza: ¿Fin de la sangría estatal y mejora del servicio?

Explota la noticia que el Estado Nacional se desprende de AYSA, la megaempresa de agua y cloacas que atiende al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Decreto 494/2025, firmado por el Presidente, autoriza la privatización total de la compañía, un movimiento audaz que busca poner fin a una sangría económica histórica. Desde 2006 hasta 2023, AYSA recibió USD 13.400 millones del Tesoro Nacional, una cifra que el Gobierno califica de insostenible y que, según el propio decreto, no se tradujo en la eficiencia esperada.

¿Cómo será la venta?

La privatización se realizará en dos etapas: primero, la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un "operador estratégico" a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. El resto de las acciones se venderá en bolsas y mercados del país. Esto significa que el control pasará a manos privadas, buscando inyectar capital y gestión eficiente que el Estado, según el decreto, no pudo proveer. No se prevén nuevas preferencias ni un nuevo Programa de Propiedad Participada, aunque el actual se mantiene vigente.

Impacto en la gente y el servicio

La medida promete mejorar la prestación del servicio de agua potable y cloacas, que históricamente ha sido un dolor de cabeza para millones de usuarios. El Gobierno argumenta que las inversiones necesarias exceden las capacidades actuales del Estado y de la propia empresa. Sin embargo, la continuidad del servicio público está garantizada, al menos en la letra chica, ya que la privatización no afectará su prestación. La gran pregunta para los ciudadanos es si esto se traducirá en mejores tarifas, una expansión de la red y una mayor calidad para quienes aún no tienen acceso o sufren deficiencias. El Ministerio de Economía, en su rol de Autoridad de Aplicación, deberá asegurar una transición ordenada y la implementación de un "Plan de Acción de Transición" para 2024-2026.

Un cambio de paradigma

Este decreto se enmarca en la Ley N° 27.742, la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que declaró a AYSA "sujeta a privatización". Es un claro mensaje de la administración actual de reducir el "sobredimensionamiento estatal" y el déficit fiscal. La movida es altamente controversial y generará debate sobre el rol del Estado en los servicios esenciales y el acceso a derechos básicos. Los ciudadanos deberán estar atentos a los pliegos de licitación y los futuros acuerdos con los operadores privados para entender cómo impactará en sus bolsillos y en la calidad del agua que beben. Estar informado sobre las licitaciones y los planes de inversión será crucial para fiscalizar el proceso.