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Una resolución clave del Ministerio de Economía aclara los procedimientos para las deudas previas a la disolución de los polémicos fondos fiduciarios. ¿Quién se hace cargo de la cuenta?
La Resolución 23/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, viene a ponerle un poco más de pimienta a la ya caliente disolución de los fondos fiduciarios públicos. Esta medida, que entra en vigencia con su publicación, no es un cambio menor: incorpora un tercer párrafo al artículo 3° del anexo de la Resolución 796 del 22 de agosto de 2024, la que establecía las “Medidas para la Liquidación de los Fondos Fiduciarios Disueltos”.
¿Qué significa esto para vos y para el mercado? Básicamente, se clarifica que si existían obligaciones devengadas antes de que un fondo fiduciario fuera disuelto, las instrucciones para desembolsar esos pagos deberán ser realizadas por quien era el fiduciante (es decir, el organismo o entidad que lo constituyó) al agente fiduciario. Pero ojo, no es tan simple: la instrucción de desembolso deberá ser autorizada por la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
Este ajuste es crucial porque, en el frenesí de disolver estructuras estatales, la pregunta de quién se hace cargo de las deudas preexistentes es vital. La Ley 27.742 autorizó al Poder Ejecutivo a modificar o liquidar estos fondos, y el Decreto 695/2024 reglamentó ese proceso. Ahora, con esta resolución, se busca evitar vacíos legales o burocráticos que podrían generar conflictos o demoras en los pagos a acreedores o beneficiarios que ya tenían derechos adquiridos.
Para los ciudadanos comunes, esto implica una luz sobre cómo se gestionarán los pasivos de estos fondos. Si eras beneficiario o tenías un contrato con alguno de los fondos fiduciarios disueltos, esta medida te da una pauta clara de dónde y cómo se procesarán esos pagos. Es un paso más en la reorganización del Estado, buscando eficiencia y transparencia en la salida de estas herramientas financieras, que en muchos casos fueron cuestionadas por su opacidad y uso discrecional. La burocracia se pone los guantes para lidiar con el “muerto” de los fideicomisos.