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El Ministerio de Economía mete quinta y flexibiliza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), delegando facultades clave. ¿Llegan los dólares o es solo maquillaje?
El Ministerio de Economía, bajo la batuta del ministro Luis Caputo, acaba de publicar una resolución que busca desatar los nudos burocráticos que frenaban a las Grandes Inversiones bajo el flamante Régimen de Incentivo (RIGI). La Resolución 983/2025, que entra en vigencia hoy mismo, es un guiño directo al sector privado: se delegan en secretarías con competencia técnica específica la facultad de aprobar o rechazar con mayor celeridad las solicitudes de adecuaciones o modificaciones al listado de mercaderías y servicios que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) pueden importar al amparo de las franquicias del RIGI.
En la práctica, esto debería traducirse en una mayor velocidad para que los grandes proyectos de inversión puedan avanzar sin demoras. Los inversores ya no tendrán que esperar interminables trámites en una única oficina centralizada. La idea es clara: si un VPU necesita modificar su lista de insumos importados, la secretaría técnica del área correspondiente (por ejemplo, Energía si es un proyecto energético) tendrá la potestad de darle el visto bueno o el pulgar abajo de forma más ágil.
Este movimiento, enmarcado en la Ley 27.742 y su reglamentación (Decreto 749/2024), busca cumplir el objetivo primordial del RIGI: generar previsibilidad, estabilidad y competitividad para atraer capitales. Sin embargo, la celeridad no debe sacrificar la transparencia. Los críticos se preguntarán si esta delegación de poder no abre la puerta a decisiones menos supervisadas. Para el Gobierno, es una señal de desregulación y de confianza en la capacidad técnica de sus secretarías. Los ojos de los grandes capitales estarán puestos en la implementación: ¿será esta la chispa que encienda la tan esperada lluvia de inversiones?
