¡BOMBAZO EN CONTRATACIONES! MILLONES EN JUEGO Y UN RECHAZO SORPRESA

La inflación no perdona, ni siquiera en los contratos estatales. El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires acaba de publicar dos resoluciones explosivas del Organismo Provincial de Contrataciones, que sacuden el tablero de los proveedores del Estado. Bajo el misterioso Decreto N° 126/23 B, emitido en 2023 pero publicado recién ahora, se aprueban revisiones de precios solicitadas por varias empresas, generando un impacto directo en las arcas provinciales.

¿Quiénes son los beneficiados y los perjudicados?

Por un lado, la Directora Ejecutiva, María Victoria Anadon, dio luz verde a los ajustes de precios para ALIMENTOS FRANSRO S.R.L., BELCLAU S.A. y FREEDOM FOOD COMPANY S.A., reconociendo el alza de costos que enfrentan. Esto implica que el Estado bonaerense pagará más por los bienes o servicios contratados, con efecto retroactivo al momento de la solicitud de cada proveedor. Una medida que, aunque busca evitar la quiebra de contratos por la escalada inflacionaria, pone una lupa sobre el gasto público.

Pero la noticia no termina ahí. En una jugada que sorprendió a propios y extraños, la misma resolución también aprobó revisiones para ARG COLOR S.R.L., EXO S.A. y LOGIA SOLUTION S.R.L.. Sin embargo, hubo un rechazo contundente para TEDESAN COMERCIAL S.R.L., específicamente para el Renglón 11 de su contrato, alegando "motivos expuestos en los considerandos". Este revés para Tedesan genera interrogantes sobre la transparencia y los criterios aplicados por el Organismo.

La exigencia de garantías: ¿un salvavidas o una soga al cuello?

Lo más crítico para las empresas es la intimación a presentar una garantía de cumplimiento de contrato por el monto total actualizado. Tienen solo siete días para hacerlo, ya sea de forma presencial en La Plata o digitalmente a través de pólizas de seguros de caución. Esta exigencia busca resguardar al Estado ante posibles incumplimientos, pero representa un costo financiero adicional y una presión enorme para los proveedores, que ven cómo sus compromisos se encarecen de un día para el otro.

"Esta medida es un reflejo crudo de la realidad económica que vivimos. El Estado no puede ignorar la inflación, pero la ciudadanía debe saber cuánto más se está pagando y por qué."

Para los ciudadanos, esto significa que el dinero de sus impuestos se destinará a contratos con precios actualizados, reflejando la pérdida de valor de la moneda. Es crucial seguir de cerca estas decisiones, ya que impactan directamente en la eficiencia del gasto público y la provisión de servicios esenciales. ¿Será esta una tendencia que veremos replicarse en más contratos?