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El Gobierno, con una jugada audaz, incorpora el polémico Régimen Penal Juvenil al temario de Sesiones Extraordinarias. Una decisión que busca acelerar el debate sobre la imputabilidad de menores y que promete encender la *grieta* política y social en Argentina.
El Presidente de la Nación, en un movimiento que ya genera revuelo, ha decretado la inclusión de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil en la agenda a tratar por el Honorable Congreso de la Nación durante el período de Sesiones Extraordinarias. Este período crítico arranca el próximo 2 de febrero de 2026, y la medida, firmada el 26 de enero de 2026 y publicada al día siguiente, fuerza a los legisladores a abordar un tema caliente que ha estado en el centro del debate público por años.
La decisión, amparada en las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, significa que el Congreso ya no podrá eludir la discusión sobre la imputabilidad de menores. Esto podría abrir la puerta a una reforma que reduzca la edad mínima para que los adolescentes sean juzgados como adultos, un cambio que, de concretarse, tendría un impacto profundo en la sociedad argentina, las familias y, por supuesto, en la vida de miles de jóvenes.
El contexto no es menor: el gobierno actual ha mostrado una postura firme en materia de seguridad, y esta movida se alinea con una agenda que busca dar respuestas contundentes a la percepción de aumento del delito. La inclusión por decreto en Sesiones Extraordinarias es una clara señal de la urgencia y la prioridad política que el Ejecutivo le asigna a esta cuestión.
Este anuncio no solo garantiza un debate parlamentario intenso, sino que también reavivará la discusión en la opinión pública. Por un lado, estarán quienes claman por la baja de la edad de imputabilidad como medida para combatir la inseguridad; por el otro, aquellos que defienden los derechos de la niñez y adolescencia, y proponen enfoques de reinserción y prevención. Será un verdadero termómetro para medir el poder de negociación del oficialismo en el Congreso y la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar consensos en temas tan delicados.
Para el ciudadano común, es fundamental seguir de cerca este proceso. Las decisiones que se tomen en el Congreso en las próximas semanas podrían modificar sustancialmente el marco legal que rige la justicia juvenil en el país, con consecuencias directas en la seguridad y en la concepción misma de la responsabilidad penal de los jóvenes. ¿Estamos ante el principio de una reforma histórica que cambiará para siempre el paradigma de la justicia juvenil en Argentina? La respuesta comenzará a gestarse a partir del 2 de febrero.
