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En un giro drástico, el Ejecutivo cancela concursos para las cúpulas regulatorias de luz y gas, anticipando la fusión en un megacontrolador. ¿Más eficiencia o concentración de poder?
La Secretaría de Energía acaba de dar un golpe de timón en la regulación de los servicios públicos, dejando sin efecto las convocatorias a concursos para designar a los miembros de los directorios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La movida, que podría parecer un simple trámite, es en realidad un paso gigante hacia la fusión de ambos organismos en un único y poderoso "ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD".
Esta decisión, plasmada en la Resolución N° 567/2024, se fundamenta en la Ley N° 27.742, que ya había dispuesto la creación de este nuevo ente unificado. El Decreto N° 1.023/2024 estableció que, una vez constituido el nuevo organismo, la Secretaría de Energía deberá iniciar el proceso de selección para su directorio. Por eso, los concursos previos para ENRE y ENARGAS quedan en la nada.
Pero no todo es borrón y cuenta nueva para los postulantes. La Secretaría, en un gesto que busca "resguardar los derechos" y aplicar principios de "celeridad y eficiencia", ha dispuesto que las postulaciones ya presentadas se incluirán automáticamente en la futura convocatoria para el nuevo super ente. Eso sí, aquellos que deseen retirar su candidatura tienen un plazo de treinta (30) días para manifestarlo por escrito.
Este cambio estructural tiene implicaciones profundas. Por un lado, se busca simplificar y unificar la regulación de dos servicios esenciales, lo que podría derivar en mayor coordinación y, quizás, en una gestión más eficiente. Por otro lado, la concentración de poder en un único ente regulador genera debates sobre la autonomía y la independencia de la fiscalización, un punto sensible para la transparencia y la protección de los usuarios y las empresas del sector.
"La creación de un 'super ente' regulador es una jugada audaz del Gobierno. Podría ser la llave para una gestión más ágil o la puerta a una concentración de poder sin precedentes en el sector energético. El tiempo dirá si esta centralización beneficia a los usuarios o a los intereses políticos."
Para los consumidores, esta fusión podría traducirse en cambios en las tarifas y en la calidad de los servicios a largo plazo, dependiendo de la orientación que adopte el nuevo directorio. Para las empresas del sector, significa un nuevo marco regulatorio y un único interlocutor con el Estado. Es crucial que la sociedad siga de cerca este proceso para asegurar que la reestructuración beneficie al conjunto de los argentinos y no a intereses particulares.