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La Secretaría de Energía oficializó el *marco regulatorio* para la operación de las hidroeléctricas ALICURÁ, PIEDRA DEL ÁGUILA, CERROS COLORADOS y EL CHOCÓN tras su *polémica privatización*. Se definen las reglas del juego para el Mercado Eléctrico Mayorista, la remuneración y el pago de regalías, buscando “certeza regulatoria” en un traspaso que generó **escalofríos en el sector**.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, oficializó el régimen que regirá la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de los complejos hidroeléctricos ALICURÁ, PIEDRA DEL ÁGUILA, CERROS COLORADOS y EL CHOCÓN. Esta medida culmina la controvertida transferencia de acciones a manos privadas (EDISON HOLDING S.A., BML ENERGIA S.A. y CENTRAL PUERTO S.A.), con toma de posesión el 9 de enero de 2026 y concesiones por treinta años.
La resolución detalla cómo se liquidará la energía y potencia (regulada y liberada). La clave: la remuneración de la energía regulada, vital para el sistema, estará atada a una fórmula que incluye índices de precios de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (PPI y CPI). Esto implica que una parte de nuestra electricidad indexará sus costos a la inflación estadounidense. ¿El impacto? Potenciales subas en las tarifas eléctricas y mayor volatilidad para los consumidores, influenciados directamente por la economía de otro país.
CAMMESA, la administradora del mercado, deberá realizar liquidaciones diferenciadas. Un punto crucial es la ratificación del cálculo y liquidación de las regalías hidroeléctricas a favor de las provincias de NEUQUÉN y RÍO NEGRO. Aunque esto asegura un ingreso vital, la complejidad de los nuevos criterios será un desafío para CAMMESA y los fiscos provinciales.
Esta resolución consolida la privatización de estas centrales. La atadura de precios a índices extranjeros y la intrincada liquidación generarán fuertes debates y repercusiones económicas. Redefine la participación estatal en la energía, poniendo la lupa sobre el suministro futuro y el bolsillo de cada ciudadano.
