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El Ente Nacional de Comunicaciones dinamita una regulación obsoleta de 1999, abriendo las puertas a la tecnología del siglo XXI para conectar a los pueblos más recónditos. Adiós al viejo teléfono público, hola a la conectividad moderna en cada rincón del país. ¿Quién gana con esta movida?
¡Atención, Argentina profunda! El ENACOM acaba de dar un golpe de timón que promete revolucionar la conectividad en esas localidades olvidadas por la red domiciliaria. La Resolución 262/2025, firmada por el interventor Juan Martín Ozores, deroga el vetusto Reglamento General para la Prestación de Servicios Semipúblicos de Larga Distancia (RGSSPLD) de 1999, una norma que había quedado más vieja que el teléfono a disco.
La medida es clara: se acabó el corsé tecnológico. Ahora, el Servicio Semipúblico de Larga Distancia (SSPLD), destinado a pueblos de entre 80 y 500 habitantes sin red domiciliaria o cobertura móvil, podrá brindarse con “terminales telefónicas y/o cualquier otra tecnología de acceso público”. Esto significa que las empresas licenciatarias del servicio básico telefónico podrán usar cable, radio, satélite o lo que se les ocurra para garantizar la comunicación, especialmente el acceso a servicios de emergencia.
El cambio es radical. Las viejas obligaciones que recaían sobre los “tenedores” (personas responsables del lugar donde estaba el teléfono público) se esfuman. Ahora, los prestadores pueden reubicar los puntos de acceso en lugares estratégicos de acceso público, como escuelas, hospitales, centros de salud, cuarteles de bomberos o comisarías. ¡Se busca la eficiencia y la utilidad real!
El SSPLD nació en 1998 para conectar a los más aislados, pero el avance tecnológico lo dejó en coma. De los miles de equipos instalados, hoy solo quedan 1.639 en funcionamiento, muchos de ellos sin tenedor o en lugares poco accesibles. La resolución no es una nueva carga para las empresas, sino una mutación de una obligación existente, adaptándola a la realidad del siglo XXI. El objetivo es que la obligación de conectar a los más pequeños siga vigente, pero de una forma que sea viable y útil.
Esta resolución es un claro mensaje de desregulación y modernización en un sector clave, buscando que la tecnología sirva para la inclusión y no para la burocracia. Los ciudadanos de a pie verán, si todo funciona, una mejora sustancial en la conectividad de sus comunidades.
