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En una movida que redefine la inversión pública en infraestructura, el ENACOM aprobó una brutal adecuación presupuestaria del 450% para el proyecto de Internet en Barrios Populares de AKAI S.A., elevando el monto a más de 835 millones de pesos. ¿El objetivo? Acortar la brecha digital en los sectores más vulnerables del país.
El Boletín Oficial nos trae una noticia de esas que hacen temblar los cimientos: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), bajo su Intervención, ha decidido convalidar un ajuste monumental para el proyecto de desarrollo de infraestructura de Internet en los Barrios Populares (RENABAP) que lleva adelante la empresa AKAI S.A. (C.U.I.T. N° 33-71481525-9). La resolución 1503/2025 aprueba una primera adecuación del 450,46% sobre los presupuestos originales de los ítems aún no ejecutados, correspondientes al período mayo 2023 a octubre 2025.
Este incremento no es menor. El monto original de Aportes No Reembolsables (ANR) adjudicado a AKAI S.A. en 2023 era de $349.592.290. Con esta nueva inyección de $485.998.038, el total actualizado para el proyecto asciende a la impactante cifra de $835.590.328. Esta medida, según el ENACOM, busca garantizar la continuidad de una política pública esencial, la del Servicio Universal, a pesar de la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, ordenado por el Decreto N° 6/2025.
La justificación radica en la necesidad de adecuar los presupuestos a la realidad económica, permitiendo a la empresa cumplir con el despliegue de redes de acceso a Internet de banda ancha en zonas de alta vulnerabilidad. La inflación y los costos operativos son los fantasmas que persiguen a estas obras, y el ENACOM, en su rol de Autoridad de Aplicación, ha optado por un rescate financiero para evitar la paralización de la conectividad en barrios donde el acceso a Internet es una quimera.
Para los ciudadanos de los barrios populares, esta resolución significa la esperanza de una conexión a Internet de calidad, una herramienta fundamental para la educación, el trabajo y la comunicación en el siglo XXI. Para las empresas del sector, demuestra que el Estado sigue siendo un actor clave en la financiación de proyectos estratégicos, aunque con una administración centralizada de los fondos tras la disolución del fideicomiso. La decisión subraya la tensión constante entre la desregulación y la necesidad de intervención estatal para garantizar derechos básicos, en este caso, el acceso a la información y la comunicación. El Interventor Juan Martin Ozores, con esta firma, asegura que el Servicio Universal sigue siendo una prioridad, o al menos, una realidad con un costo mucho más elevado.
