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En un paso gigante hacia la desregulación, el Ministerio de Economía oficializó la adjudicación de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a poderosos consorcios privados. Una movida que promete sacudir el tablero energético nacional y dejar una caja millonaria en las arcas del Estado.
El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 2124/2025, confirmó la adjudicación definitiva de las acciones de cuatro de los complejos hidroeléctricos más importantes del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esto marca el cierre de un proceso de licitación pública nacional e internacional que venía gestándose desde hace meses. Las empresas estatales ENARSA y NASA, que transitoriamente administraban estos complejos tras la reversión de las concesiones originales de 1993, finalmente transfieren el control.
Para la sociedad, esto significa que la generación de una parte sustancial de la energía hidroeléctrica del país pasará a manos privadas. Esto podría implicar cambios en la eficiencia operativa, inversiones futuras y, potencialmente, en la estructura de costos y tarifas eléctricas. Para las empresas ganadoras, representa una expansión estratégica en el sector energético, asegurando una fuente clave de ingresos. Las concesionarias salientes (ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A., ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN S.A., AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. y CENTRAL PUERTO S.A. – esta última ahora como adjudicataria de Piedra del Águila) serán reemplazadas por los nuevos operadores a partir del 8 de enero de 2026.
Esta medida se enmarca en la Ley 27.742, que declaró sujetas a privatización a ENARSA y NASA, y en una serie de decretos que delinearon el camino para la venta de activos estatales. El proceso fue supervisado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas" y contó con la valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para asegurar la "maximización de ingresos para el Estado Nacional", descartando ofertas consideradas "precio vil".
La adjudicación de estos megacomplejos, que representan una parte vital de la matriz energética argentina, es un golpe de timón hacia un modelo más desregulado y con mayor participación privada. Los montos millonarios involucrados (más de USD 700 millones en total) inyectarán fondos frescos a las arcas del Estado, pero también plantean interrogantes sobre el futuro de la planificación energética y el rol del Estado en un sector tan estratégico. La rapidez del proceso, con fechas límite ajustadas para el pago y la toma de posesión, subraya la determinación del gobierno.
"Se debe velar por obtener la maximización de los ingresos para el Estado Nacional, reflejando adecuadamente el valor de mercado."
Para el ciudadano común: La generación de energía pasa a manos privadas. Es crucial estar atento a cómo esto impactará en el servicio y el costo de la electricidad. Las empresas adjudicatarias son actores de peso, lo que sugiere una reconfiguración del panorama de la generación eléctrica. Se recomienda seguir las publicaciones del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, así como los sitios web de CONTRAT.AR y DGMARKET para futuras actualizaciones sobre la gestión de estos complejos.
