Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía cede a la Secretaría de Energía y ENARSA la licitación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, abriendo las puertas a TGS y capitales privados para una ampliación millonaria que promete ahorros fiscales y energéticos.
El Boletín Oficial nos trae una noticia de alto voltaje que sacude el tablero energético nacional: la Resolución 169/2025 del Ministerio de Economía delega en la Secretaría de Energía la responsabilidad de llevar adelante la Iniciativa Privada propuesta por Transportadora de Gas del Sur SA (TGS) para la crucial ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, antes conocido como “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.
La medida es un giro de 180 grados: la inversión para la ampliación del Tramo I del gasoducto, que busca aumentar su capacidad en 14 MMm3/d con opción a 6 MMm3/d adicionales, estará totalmente a cargo del adjudicatario privado, sin comprometer ni un solo peso de las arcas públicas. Además, la operación y el mantenimiento de esta infraestructura vital también recaerán en manos privadas. ENARSA, la empresa estatal, será la encargada de llevar adelante la licitación pública, pero bajo la estricta supervisión y con los pliegos que apruebe la Secretaría de Energía.
Este movimiento estratégico busca acelerar la expansión de la infraestructura de transporte de gas, un eslabón fundamental para el desarrollo energético del país. Para los ciudadanos, se promete un “menor costo posible para el usuario final” y una esperada sustitución de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos. TGS estima que el proyecto podría generar beneficios por más de USD 700 millones anuales en la balanza comercial y USD 500 millones en ahorros fiscales al año, liberando al Estado de una pesada carga.
Para las empresas del sector, especialmente TGS que impulsó la iniciativa, representa una oportunidad de inversión y expansión sin precedentes, pero también implica una mayor competencia y la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario donde el capital privado es el gran protagonista. Un detalle no menor es la exigencia a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. (CAMMESA) de renunciar a su derecho de prioridad sobre la nueva capacidad, un punto que podría generar controversia.
Esta resolución no nace de la nada. Se enmarca en una serie de decretos que buscan desregular el sector energético y fomentar la inversión privada, como el Decreto 1060/2024 que declaró de interés público la iniciativa de TGS, y el Decreto 70/2023 que eliminó las prerrogativas de derecho público para empresas con participación estatal. Es un paso firme hacia un modelo más liberal en la gestión de la energía, donde el Estado se corre del rol de financista directo.
La licitación será nacional e internacional, con un plazo mínimo de 45 días corridos para la presentación de ofertas, buscando la mayor transparencia y concurrencia de interesados. Además, TGS se ha comprometido a realizar obras complementarias en su sistema licenciado, independientemente de si resulta o no adjudicataria del proceso.
Esta es una apuesta fuerte del gobierno para garantizar el abastecimiento de gas natural, especialmente en los períodos invernales, y reducir la dependencia de costosas importaciones. Un cambio radical que podría redefinir el futuro energético argentino.
