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Una polémica resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y Seguridad Nacional crea una 'Mesa Conjunta de Coordinación' para que las Fuerzas Armadas *complementen* la labor de las fuerzas de seguridad en zonas de frontera y objetivos estratégicos. ¿Se viene la militarización o es un paso necesario para blindar el país?
Una medida explosiva sacude el escenario de la seguridad nacional. Los Ministerios de Defensa y de Seguridad Nacional acaban de oficializar la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación, un mecanismo permanente que busca integrar a las Fuerzas Armadas en las tareas de vigilancia y control, especialmente en las Zonas de Seguridad de Fronteras y en la protección de Objetivos de Valor Estratégico. La resolución, firmada por Luis Petri y Patricia Bullrich, promete una nueva era en la lucha contra el crimen organizado y el contrabando.
La principal novedad es la formalización de un canal de cooperación donde las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no reemplazarán a las fuerzas policiales y de seguridad federales, sino que las complementarán. Esto significa que veremos un mayor despliegue de militares en zonas sensibles, pero siempre bajo un marco de apoyo logístico, adiestramiento operacional y vigilancia, sin asumir roles de policía interna. La Mesa estará conformada por tres niveles: los ministros, los secretarios de Estrategia Militar y Seguridad Nacional, y los jefes del Estado Mayor Conjunto y las fuerzas de seguridad, garantizando una coordinación de alto nivel.
Para los ciudadanos que viven o transitan por las zonas fronterizas, la implicancia directa será una mayor presencia estatal, con un incremento visible de efectivos y equipamiento. Esto podría traducirse en una mayor sensación de seguridad para algunos, o en una percepción de militarización para otros. Las empresas que operan en estas regiones podrían ver mejoras en la contención de actividades ilícitas, aunque también deberán adaptarse a una vigilancia más estricta. La resolución enfatiza que no habrá "erogación presupuestaria adicional", lo que sugiere una reasignación de recursos ya existentes en ambas carteras.
Esta decisión se enmarca en un debate histórico sobre el rol de las FF.AA. en la seguridad interior. Si bien la Ley de Defensa Nacional (23.554) las destina a enfrentar agresiones externas y la Ley de Seguridad Interior (24.059) a combatir el delito y mantener el orden público, normativas como el Decreto-Ley 15.385/44 y recientes decretos (1112/24, 1107/24) ya habilitaban la cooperación. La clave está en la palabra "complementar": las FF.AA. brindarán apoyo vital, pero el comando operacional y las responsabilidades primarias de la seguridad seguirán en manos de las fuerzas policiales. Sin embargo, la línea entre "apoyo" y "participación activa" siempre es objeto de escrutinio en nuestra historia.
"El despliegue en el marco de los planes territoriales en curso, desarrollados por ambos Ministerios, constituye una herramienta fundamental para fortalecer acciones y requiere una coordinación estratégica, táctica, normativa y logística..."
Es crucial que la sociedad esté informada sobre los alcances de esta medida. La transparencia en la planificación y ejecución de estos operativos será fundamental para evitar malentendidos y asegurar el respeto de los derechos ciudadanos. Se espera que los informes semanales y las recomendaciones conjuntas de la Mesa de Coordinación brinden claridad sobre los avances y desafíos de esta audaz estrategia.
