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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación da un golpe de timón y deroga una polémica disposición que obligaba a las empresas a obtener una habilitación extra para el transbordo de buque a buque. ¿Fin a la burocracia o riesgo ambiental?
¡Atención, sector portuario y logístico! La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) ha desatado una verdadera bomba regulatoria con su Resolución 34/2025, que deroga la Disposición N° 21 del 19 de octubre de 2023. Esta medida, que entró en vigencia apenas se publicó en el Boletín Oficial, elimina un régimen de habilitación específico que exigía a las empresas ser 'terceros operadores habilitados' para realizar operaciones de transbordo de buque a buque en nuestras vías fluviales.
La ANPYN, creada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3 del 3 de enero de 2025 como la única Autoridad Portuaria Nacional, argumenta que la disposición derogada imponía 'cargas administrativas desproporcionadas' que entorpecían la 'flexibilidad y agilidad' tan necesarias en el sistema logístico nacional. En criollo, era un trámite más que, según el Gobierno, no aportaba valor real a la seguridad o el control ambiental.
El meollo del asunto es que, según la ANPYN, la legislación ya existente —como la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley N° 25.675 de Política Ambiental Nacional y las normativas de la Prefectura Naval Argentina (Leyes N° 18.398 y 22.190, y el Decreto N° 962/98)— es más que suficiente para garantizar los estándares de control ambiental y seguridad operativa. Es decir, no hacía falta una capa extra de burocracia para un sector clave que busca ser más competitivo a nivel internacional.
Para las empresas de transporte fluvial y marítimo, esta resolución es una bocanada de aire fresco. Significa menos papeles, menos costos y una operatoria más dinámica, lo que podría traducirse en una mayor eficiencia y competitividad. En un país que depende de sus vías navegables para el comercio, cualquier medida que simplifique la logística es una noticia a seguir de cerca.
"El objetivo de promover la seguridad ambiental y operativa debe lograrse mediante un enfoque simplificado y coordinado que no imponga cargas administrativas desproporcionadas en el sector fluvial y portuario."
Sin embargo, la pregunta que algunos podrían hacerse es si esta 'simplificación' no abre la puerta a una menor fiscalización. El Gobierno insiste en que no, que los controles existentes son robustos. Solo el tiempo dirá si esta jugada audaz de la ANPYN logra el equilibrio entre agilidad operativa y la indispensable protección de nuestros recursos naturales.
Para el ciudadano común: esto podría significar una potencial reducción en los costos logísticos que, eventualmente, podría influir en los precios de los productos transportados por vía fluvial. Es un paso más en la agenda de desregulación que busca imprimir el actual gobierno en áreas estratégicas de la economía.
