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El Gobierno reasigna partidas por decreto, inyectando fondos a sueldos públicos, universidades y jubilaciones, pero ¿a qué costo? El presupuesto 2025 se recalienta con un polémico giro de capital a gasto corriente, levantando interrogantes sobre el rumbo económico.
En un movimiento de fin de año que sacude las finanzas públicas, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía firmaron la Decisión Administrativa 38/2025, una verdadera 'cirugía mayor' al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025. Lo que se presenta como una adecuación impostergable para el "normal funcionamiento" del Estado, esconde un trasfondo de prioridades y ajustes que darán que hablar.
La medida inyecta oxígeno en áreas críticas: se refuerzan los créditos para gastos en personal (¡ojo, estatales!), se destina más plata a la política salarial de universidades nacionales (docentes y no docentes festejan, y se empuja la Universalización de la Jornada Extendida), y la ANSeS ve crecer su partida para Asignaciones Familiares y el tan sensible pago de prestaciones previsionales, incluyendo la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. ¡Los jubilados y las familias con asignaciones pueden respirar un poco!
También hay un refuerzo para la prestación por desempleo, tras el reciente aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. La Secretaría de Energía también recibe su parte para transferencias a CAMMESA, el corazón del mercado eléctrico mayorista, y el INSSJP (PAMI), el gigante de la salud para jubilados y pensionados, también ve asegurado su financiamiento.
Pero no todo es color de rosa. La decisión explicita una compensación controvertida: se reducen los gastos de capital (es decir, inversiones en infraestructura o proyectos a largo plazo) para incrementar los gastos corrientes. Esto significa que el Estado prioriza el "día a día" y el mantenimiento de la estructura actual, postergando quizás el desarrollo futuro. ¿Es una medida de emergencia o una señal de falta de visión a largo plazo? La discusión está abierta.
La reorganización ministerial también se refleja en estos cambios, que se imputan a las denominaciones presupuestarias de origen. Los ojos de los analistas estarán puestos en cómo impactará esta reasignación en la estabilidad económica y la capacidad de crecimiento del país. Para los ciudadanos, significa que el Estado busca asegurar pagos y servicios esenciales, pero con menos recursos para grandes obras o expansión.
