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La Secretaría de Transporte sacudió el tablero de la "Red Federal de Concesiones - Etapa N° 1", modificando pliegos clave, reconfigurando la comisión evaluadora y pateando la fecha de apertura de ofertas. ¿Qué hay detrás de estos ajustes que encienden las alarmas en el sector?
Una medida que promete traer cola. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, acaba de emitir una resolución que sacude los cimientos de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0007-LPU25, un proyecto faraónico para la construcción, explotación y mantenimiento de tramos clave de la Red Vial Nacional bajo el polémico régimen de peajes. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, no solo introduce cambios sustanciales en los pliegos, sino que también prorroga la fecha límite para la presentación de ofertas.
La Resolución 40/2025 aprueba la incorporación de una "Circular Modificatoria N° 1" a los pliegos de licitación, lo que implica que las reglas del juego se alteran en pleno desarrollo del proceso. Además, se sustituyen anexos técnicos específicos para los tramos Oriental y Conexión, obligando a los potenciales oferentes a recalcular y ajustar sus propuestas. Pero la cereza del postre es la reconfiguración de la Comisión de Concesiones, el órgano encargado de evaluar las ofertas, con la designación de nuevos miembros titulares y suplentes. Esto, sumado a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por un decreto anterior (461/2025), aunque transitoriamente siga operativa, genera un caldo de cultivo de incertidumbre.
La prórroga de la fecha de cierre de ofertas del 5 de agosto al 8 de septiembre de 2025 es un guiño para algunos, pero para otros, una señal de improvisación o de búsqueda de "ajustes a medida" en un proceso que mueve miles de millones de pesos y afectará directamente el bolsillo de los ciudadanos que transiten por estas rutas.
Para las empresas constructoras y concesionarias, implica revisar a contrarreloj los nuevos pliegos y especificaciones, con el riesgo de que los cambios favorezcan o perjudiquen a ciertos actores. La incertidumbre institucional derivada de la disolución de la DNV y la reestructuración del equipo técnico y evaluador podría generar desconfianza en la transparencia del proceso. Para los ciudadanos comunes, esta mega-licitación significa el futuro de la infraestructura vial del país. Cualquier dilación o cambio en las condiciones puede traducirse en demoras en las obras, variaciones en los peajes y, en última instancia, en un impacto directo en la economía y la seguridad de quienes usan las rutas. La clave estará en la justificación de estos cambios y en cómo se garantiza la igualdad de condiciones para todos los oferentes.
¡Atención! Los interesados deberán consultar el portal CONTRAT.AR y el sitio de la Secretaría de Transporte para acceder a la documentación actualizada y estar al tanto de futuras novedades en este proceso que promete ser uno de los más observados del año.
22 de enero de 2026
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5 de febrero de 2026