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El Presidente Milei oficializó la privatización total de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento. El 90% de las acciones saldrá a la venta, buscando un "operador estratégico" que tome el control. ¿Fin a la sangría fiscal o riesgo para el servicio esencial?
¡Bombazo en el Boletín Oficial! El Gobierno Nacional, a través del Decreto 494/2025, ha autorizado la privatización total de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA), la megaempresa estatal encargada de la provisión de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta medida, en línea con la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742", busca poner fin a la "constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional", que, según el propio decreto, ascendió a 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023.
La modalidad de privatización será la venta del NOVENTA POR CIENTO (90%) de las acciones de titularidad del Estado Nacional. Al menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de ese paquete se venderá a un "operador estratégico" mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. El remanente de las acciones se ofrecerá en bolsas y mercados del país.
El Gobierno argumenta que la intervención estatal no ha sido eficiente y que se necesitan inversiones masivas que ni AySA ni el Estado pueden afrontar. La privatización, esperan, atraerá capital privado y mejorará la calidad del servicio. Sin embargo, la medida genera un debate encendido:
La venta de AySA es, sin duda, una de las privatizaciones más significativas de la era Milei y marcará un antes y un después en la gestión de un servicio esencial para millones de argentinos.
