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La Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría Legal y Técnica extienden por 180 días hábiles las designaciones de altos funcionarios, evidenciando la dificultad del Estado para cubrir puestos clave de forma permanente y consolidando la "provisoriedad" como norma.
Las recientes Resoluciones 142/2025 y 143/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y la Resolución 57/2025 de la Secretaría Legal y Técnica (SLyT) revelan una tendencia preocupante: la prórroga constante de designaciones transitorias en puestos estratégicos del Estado.
Por un lado, la JGM extendió por 180 días hábiles a partir de julio de 2025 los mandatos de María Emilia GIL BALEIRÓN como Directora General de Administración y de Carlos Adrián GARAVENTA como Director General de Asuntos Jurídicos. Por otro, la SLyT asignó transitoriamente a Pablo Ariel MONZÓN como Jefe de Unidad de Servicios Generales e Infraestructura por un plazo de hasta tres años desde el 1° de junio de 2025, incluso exceptuándolo de algunos requisitos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Si bien estas medidas se justifican para "asegurar el normal funcionamiento" de las dependencias, la realidad es que la perpetuación de funcionarios en cargos "transitorios" puede generar incertidumbre y falta de continuidad en las políticas públicas. Para los ciudadanos, esto se traduce en una administración que, en lugar de profesionalizarse, se acostumbra a la provisionalidad, lo que puede impactar en la eficiencia y la calidad de los servicios estatales.
El "no haberse podido tramitar el proceso de selección" es la justificación recurrente para estas prórrogas, lo que sugiere problemas estructurales en los mecanismos de selección de personal de la Administración Pública Nacional. Esta situación debilita la meritocracia y la estabilidad institucional, impidiendo la consolidación de equipos y proyectos a largo plazo.
La excepción de requisitos del SINEP para el caso de Monzón, aunque justificada por "operatividad", abre un debate sobre la flexibilidad o la rigidez de las normativas. Estas resoluciones son un termómetro de la gestión de recursos humanos en el Estado, mostrando que, más allá de las intenciones de "transformación", la burocracia sigue funcionando con parches temporales.
