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En medio de la promesa de achicar el Estado, la Secretaría General de Presidencia extiende designaciones transitorias por 180 días más. ¿Se congelan los concursos o es una necesidad operativa urgente?
Mientras el discurso oficial insiste en la reducción del gasto público y la desburocratización, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Elizabeth Milei, acaba de prorrogar TRES designaciones transitorias en puestos de alta dirección. Estas extensiones, que se suman a una larga lista de movimientos de personal, ponen en evidencia la complejidad de la gestión de recursos humanos en la administración pública.
Las resoluciones publicadas confirman la continuidad de los siguientes funcionarios, todos con carácter de excepción y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles:
Estos cargos, de Nivel B - Grado 0 o Nivel A - Grado 0, implican el pago del Suplemento por Función Ejecutiva, y se efectúan con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP. Es decir, se les permite ocupar estos puestos sin cumplir estrictamente con todos los antecedentes requeridos, una práctica común pero que suele generar debate sobre la meritocracia en la función pública.
El argumento para estas prórrogas es siempre el mismo: "razones operativas hacen necesario prorrogar la mencionada designación transitoria" ya que no se efectuó la correspondiente convocatoria al proceso de selección. Si bien la Ley de Presupuesto y decretos específicos permiten estas extensiones, la acumulación de prórrogas plantea interrogantes sobre la voluntad real de cubrir estos puestos mediante concursos públicos.
“Cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrán exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.” (Decreto N° 1148/24)
La SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, del flamante MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, ha tomado intervención, lo que sugiere que estas decisiones se alinean con la estrategia gubernamental, al menos en su marco legal. Sin embargo, para el ciudadano común, la continuidad de designaciones transitorias, sin concursos a la vista, puede percibirse como una contradicción con el discurso de eficiencia y achicamiento del Estado. ¿Hasta cuándo seguirá la excepción siendo la regla en la administración pública?
